La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha paralizado la construcción de una "macrourbanización ilegal" en suelo rústico en el paraje conocido como Viña Clemente en La Línea de la Concepción (Cádiz), con el precinto de 121 parcelas que estaban en construcción.
La operación, llevada a cabo esta semana por la inspección urbanística de la Junta en colaboración con los cuerpos de seguridad, se engloba en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista), que "apuesta por un refuerzo de la labor inspectora, más centrada en la prevención para evitar la proliferación de edificaciones ilegales", según ha explicado la Consejería de Fomento en una nota este sábado.
Desde el Gobierno andaluz subrayan que esta intervención ha permitido "frenar el rápido proceso urbanizador ilegal de una zona muy atractiva por su cercanía al núcleo urbano".
La inspección de la Junta ha intervenido sobre una superficie de seis hectáreas, donde se ha llevado a cabo sin control administrativo movimientos de tierra, desbroce de la superficie vegetal, soterramiento de varios tramos de un arroyo, apertura de caminos, la eliminación de una hectárea de superficie forestal y la ejecución de muros de bloques de hormigón para la división en lotes de 500 metros cuadrados cada uno. En menos de dos años, los parceladores han vendido trozos de las parcelas originarias en 121 lotes o subparcelas.
Asimismo, las personas que han adquirido estos suelos estaban ya construyendo en el interior de unos 70 lotes sin contar ninguno de ellos con licencia urbanística, lo que, según remarca la Consejería de Vivienda, supone "una infracción muy grave contra la ordenación del territorio".
En estos trabajos se han detectado enganches ilegales a la red eléctrica, pozos ilegales y recorridos que dificultan la evacuación en caso de incendio, unas prácticas que fueron denunciadas a la Inspección Autonómica por la Guardia Civil tras una "importante labor de investigación y coordinación", según valoran también desde la Junta.
En estas pesquisas, se detectó que dicho asentamiento ilegal "dificultaba el desarrollo urbanístico del municipio y la articulación de la franja litoral, produciendo un importante daño medio ambiental y territorial".
Además, el ámbito se sitúa a 800 metros de una zona declarada de interés para la defensa nacional, afectando a su zona de seguridad legalmente establecida.
Un centenar de propietarios han sido citados e identificados, siendo informados por la Inspección de Ordenación del Territorio de la orden de suspensión y precinto de las obras y la imposibilidad de continuarlas.
Según la Junta, también se ha asegurado la "proporcionalidad" de las medidas en relación con los derechos de los administrados, "atendiendo en todo momento a garantizar el buen fin de los procedimientos de restablecimiento iniciados".
La operación ha sido dirigida por la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Fomento en coordinación con la Guardia Civil y la Policía Nacional adscrita de la Junta, responsables de la protección del dominio público hidráulico y técnicos de Endesa y Aqualia, así como con la colaboración del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción.
Para "garantizar la seguridad" se ha contado con el apoyo de la Policía Nacional encargada de la seguridad ciudadana en La Línea de la Concepción.
Los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, por lo que se ha procedido a dar cumplido traslado a la Fiscalía especializada en delitos sobre el medio ambiente y el urbanismo de todas las actuaciones urbanísticas detectadas.
Todo ello, según inciden desde la Junta, "al amparo del nuevo marco normativo andaluz en materia de ordenación del territorio y urbanismo, conformado por la Lista y su reglamento de desarrollo, que han supuesto un importante refuerzo de la inspección autonómica al contemplar la posibilidad de ejercer competencias directas frente a infracciones de carácter territorial en suelo rústico".
