El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha presidido una reunión de la Comisión Antifraude del Ayuntamiento de Algeciras, dando cumplimiento a una exigencia de la normativa reguladora de los Fondos Europeos a las entidades beneficiarias de los mismos.
Desde el año 2016, cuando se resolvió la primera convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible, cofinanciadas por el programa operativo Feder, el Ayuntamiento ha ido dando cumplimiento a esa exigencia y mantiene un comité antifraude para hacerlo posible.
Con la llegada de los fondos Next Generation, esa exigencia ha seguido en aumento, exigiendo la normativa que las entidades del sector público tuvieran aprobado un plan antifraude.
El alcalde destacó que Algeciras ha sido de las primeras ciudades de la provincia por apostar y conseguir fondos de Next Generation, y por promover una cultura que ejerza efecto disuasorio para cualquier tipo de actividad fraudulenta, haciendo posible su prevención y detección.
El plan prevé la realización de una evaluación del riesgo, impacto y de probabilidad de riesgo de fraude en la ejecución de los fondos por parte del comité antifraude. Así, es dicho comité el órgano encargado de garantizar la adecuada ampliación del plan y de proponer las medidas de corrección que procedan.
Durante la reunión, se puso de manifiesto la necesidad de que se cree en la web municipal un “buzón de denuncias internas”, con un sistema similar al del buzón del ciudadano; así como la de mejorar algunos puntos del portal de transparencia.
Igualmente se habló de la importancia de la formación del personal municipal en materia de los planes antifraude, habiendo enviado Fondos Europeos a la Diputación Provincial un listado de necesidades formativas en esta materia.
Landaluce recordó que actualmente el Ayuntamiento gestiona ayudas de fondos europeos por un importe que ronda los 50 millones de euros, lo que pone en evidencia el buen hacer por parte de la delegación que dirige la delegada Yéssica Rodríguez, y el grado de cumplimiento por parte de la institución municipal de todas las exigencias que marca Europa en esta materia.
