El Jugado de lo Penal número 4 de Cádiz acoge este miércoles el juicio por presunto maltrato animal contra el dueño, la directora y un veterinario de la perrera de Puerto Real , donde los animales recogidos eran supuestamente sacrificados de manera "indiscriminada" con Mioflex, que les ocasionaba una muerte "lenta y agónica" por asfixia.
Fuentes de la organización proteccionista El Refugio han recordado a Europa Press que denunciaron los hechos ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en junio de 2007, lo que ha derivado en el procedimiento penal en el que están personados como acusación particular, reclamando un año y medio de cárcel para cada uno de los procesados.
Según han confirmado, en el banquillo de los acusados se sentarán este miércoles el dueño, la directora de la perrera y uno de los dos veterinarios, puesto que el otro se encuentra "en paradero desconocido".
Como se recordará, el Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto de Santa María se encargó de la instrucción de este caso, estimando su titular que el dueño y la directora "conocían el maltrato animal que se producía en la perrera de Puerto Real", e incluso "podría haber existido instrucciones a los veterinarios para utilizar el paralizante muscular para así ahorrar costes".
La organización proteccionista ha venido señalando que en la perrera de Puerto Real se recogían anualmente miles de perros y gatos de varios municipios de la provincia gaditana, los cuales eran presuntamente sacrificados con el mencionado paralizante muscular, que era "inyectado indiscriminadamente" y que ocasionaba una muerte "agónica" por asfixia que podía durar varios minutos en los que el animal estaba consciente.
