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19/05/2024  
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Cádiz

España celebra veinticinco años de la ley que cerró los manicomios

La aprobación de la Ley General de Sanidad hace 25 años supuso un antes y un después en el sistema de salud mental: instó al cierre de los manicomios.

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 La aprobación de la Ley General de Sanidad hace 25 años supuso un antes y un después en el sistema de salud mental: instó al cierre de los manicomios e impulsó el desarrollo de las unidades de salud mental, pese a lo cual expertos y pacientes reclaman más recursos para cubrir las carencias pendientes.

El presidente de la Confederación Española de Agrupaciones Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), José María Sánchez Monje, ha celebrado en declaraciones a Efe la aprobación de esta norma porque "logró equiparar a las personas con una enfermedad mental con aquellas que tenían otro tipo de patologías".

La Ley General de Sanidad, que cumple 25 años mañana, planteaba una reforma en psiquiatría para atender a las personas con trastorno mental de forma comunitaria y no aislarles en un hospital; por eso instaba a cerrar los manicomios e impulsar unidades de salud mental.

Sánchez Monje ha explicado que esta norma permitió poner punto final a una situación en la que "se encerraba a hombres y mujeres en manicomios con condiciones infrahumanas", pero se trata de una "reforma incompleta" porque no se ha ofrecido un sistema de atención integral ni suficientes recursos para cumplir los objetivos.

Una de estas metas sería lograr que por cada 30.000 personas hubiera una unidad de salud mental atendida por un equipo aproximadamente de quince profesionales: un psiquiatra, dos psicólogos, ocho enfermeros y auxiliares de atención domiciliaria, un trabajador social y personal administrativo.

No obstante, el presidente de FEAFES ha precisado que primero habría que evaluar la situación en cada territorio para saber cuáles son las cifras exactas de personal.

Según datos facilitados por esta federación, en la actualidad aún existen tres hospitales psiquiátricos (el de Conxo en Santiago de Compostela, el de Castro en Lugo y el Hospital psiquiátrico de Orense), y otros dos penitenciarios (Sevilla y Alicante).

El deseo de Sánchez Monje es que éstos "evolucionen hacia unidades de salud mental con un equipo de profesionales".

La psiquiatra y psicoanalista Diana Castro ha señalado que éstos están "a medio camino" entre el manicomio y la unidad en la que deberían constituirse, y ha opinado que deben mejorar su gestión, incorporar un servicio de día y más programas de integración en la sociedad, para dejar de ser "centros cerrados de internamiento".

Por comunidades autónomas, Sánchez Monje ha aplaudido las mejoras en la atención a pacientes psiquiátricos en Castilla-La Mancha y Navarra, a su juicio las que más han progresado en los últimos años, pero en el polo opuesto ha situado a Madrid y a la Comunidad Valenciana.

Por otra parte, el presidente de FEAFES se ha referido a la formación de los profesionales de atención primaria, de la que ha dicho que es urgente mejorar para que puedan atender a pacientes con trastornos leves, y favorecer medidas como la integración laboral.

Roberto Sánchez conoce bien el sistema de salud mental, puesto que en los años 90 le diagnosticaron esquizofrenia durante su etapa universitaria y recibió tratamiento en un hospital psiquiátrico.

Con el paso de los años se fue recuperando y, tras estudiar un curso, accedió a un puesto de trabajo en una empresa de reciclaje de consumibles informáticos, gracias a la labor de la Asociación Cántabra pro Salud Mental (ASCASAM).

En su opinión, el cierre de los manicomios ha sido positivo porque "hay que dar libertad a las personas" pero ha criticado las "largas listas de espera para acceder a una cita y el escaso tiempo que los especialistas dedican a sus pacientes".

Sánchez ha defendido que encontrar un trabajo mejora considerablemente el estado de las personas con una enfermedad mental, y ha subrayado que se debe ayudar más a los empresarios para que abran más centros especiales de empleo.

"El apoyo a las familias y a los centros de empleo, la lucha contra el estigma y promoción de viviendas y pisos tutelados es fundamental", ha asegurado.

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