La delegación provincial de Salud notificó ayer al propietario, José Eugenio Arias, la propuesta y la posibilidad de medidas cautelares como el cierre al considerar que “la actitud de este hostelero supone un quebranto de la Ley General de Sanidad”, según un comunicado de la administración autonómica.
Le advierte de que, iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolver podrá adoptar -mediante acuerdo motivado- y como medidas provisionales, entre otras, la suspensión total o parcial de la actividad; la clausura de centros, servicios, establecimientos o instalaciones y la exigencia de fianza.
La notificación se produce tras la resolución del expediente sancionador incoado por incumplimiento de la ley “al obviar de manera reiterada el requerimiento de la autoridad sanitaria”, trámite cuyo inicio se le comunicó el pasado 7 de enero y contra lo que el dueño presentó alegaciones.
Los hechos suponen, según la Junta, el incumplimiento del artículo 35 C.4 de la ley 14/1986 de 25 de abril General de Sanidad, según el cual se considera infracción muy grave “el incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos que formulen las autoridades sanitarias”.
La notificación informa al propietario de que “la sanción se produce atendiendo al grado de intencionalidad, ya que el interesado en todo momento es consciente de la infracción que está cometiendo y en ningún momento manifiesta que va a deponer su actitud”.
Iniciado el procedimiento sancionador -se indica- que podrán adoptar medidas provisionales “necesarias para asegurar el cumplimiento de la resolución que pudiera recaer y, en todo caso, para asegurar el cumplimiento de la legalidad y salvaguarda de la Salud Pública”.
Tras comunicársele el expediente, se le concede un plazo de quince días para formular alegaciones y aportar los documentos e informes que estime convenientes.
En el expediente de la Junta la infracción “muy grave” por el incumplimiento reiterado de los requerimientos podía suponer una multa de entre 10.001 y 600.000 euros.
La administración autonómica requirió oficialmente al dueño del asador que depusiera su actitud, retirara los carteles que colocó y que incitaban al tabaco y cumpliera la normativa.
Al dar a conocer la notificación del inicio del expediente el pasado 7 de enero, la Junta explicó que el asador podría enfrentarse a otro procedimiento sancionador por parte del Ayuntamiento de su ciudad por desobedecer la Ley Antitabaco.
En este sentido, trasladó entonces al consistorio marbellí las actas levantadas al asador para que abriera otro expediente sancionador por infracción “grave” por incumplimiento de la ley de medidas contra el tabaquismo, lo que derivaba en una sanción de entre 601 y 10.000 euros.
El propietario del asador no descartó semanas atrás crear una sociedad gastronómica, a la que sólo podrían acceder los socios y donde no cabrían prohibiciones de ningún tipo.
Muy poco después de entrar en vigor la ley, se supo que en el asador había carteles que advertían de que, “ante la inminente entrada en vigor” de la Ley Antitabaco, como negocio privado no la aplicará haciendo uso de lo que entendía como sus “derechos”.
Tras conocerse esta actitud rebelde, en el asador recibieron llamadas de apoyo “de media España”, inició una recogida de firmas contra la ley y el propietario llegó a hacer un llamamiento al resto de los hosteleros españoles para aunar fuerzas frente a la nueva ley antitabaco.
