El Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado hoy por unanimidad en el Pleno correspondiente al mes de noviembre una instrucción aclaratoria del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá desbloquear el proyecto de la Ciudad de la Justicia. Asimismo, se ha dado el visto bueno a las ordenanzas reguladoras del taxi y del registro de demandantes de vivienda, aprobándose también de manera definitiva el I Plan Municipal de Discapacidad de la ciudad.
La sesión plenaria ha comenzado con un minuto de silencio por las mujeres víctimas de la violencia de género y, a continuación, se han aprobado tres declaraciones institucionales sobre el Día Mundial de la Infancia, sobre el Día Europeo de las Personas sin Hogar y sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra precisamente mañana.
A continuación, todo el arco plenario ha aprobado la instrucción aclaratoria del PGOU elevada por el Equipo de Gobierno para atender a una petición de la Junta de Andalucía y que permitirá elevar al cien por cien la edificabilidad de los 39.000 metros cuadrados de terreno de los antiguos depósitos de Tabacalera cedidos por el Ayuntamiento para la futura Ciudad de la Justicia.
Como ha dicho el alcalde, José María González, con este trámite se da cumplimiento a lo acordado en la reunión mantenida con el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, para el “desbloqueo definitivo” del proyecto de la Ciudad de la Justicia. Una vez aprobado, se dará traslado inmediato a la Junta de Andalucía para que obre a efectos del acuerdo alcanzado “sin perder tiempo”.
Seguidamente, el Pleno ha aprobado de manera definitiva la Ordenanza reguladora del servicio de autotaxi del Ayuntamiento de Cádiz con el voto favorable del Equipo de Gobierno y del PSOE, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Grupo Popular y del edil no adscrito, Domingo Villero.
Durante su intervención en este punto, el concejal de Movilidad, Martín Vila, ha puesto en valor que dicha ordenanza es fruto de la participación y el diálogo, tanto con el sector del taxi (Radio Taxi y CádizTaxi) como con asociaciones de consumidores, asociaciones vecinales, representantes de los intereses de las personas con movilidad reducida, así como con los diferentes grupos políticos de la Corporación municipal. Un proceso que, como ha apuntado, se inició hace tres años y que se ha trabajado en la Mesa del Taxi durante más de un año y medio.
Finalizado el periodo de alegaciones abierto tras su aprobación inicial en el Pleno de abril, en el texto definitivo de la Ordenanza queda recogida la estimación parcial de una alegación formulada por la Asociación de Radio Taxi. De esta manera, el artículo 56 establece que, con carácter general, el taxímetro se pone en funcionamiento, tanto en servicio urbano con interurbano, cuando la persona usuaria haya accedido al vehículo y haya indicado su destino, “excepto en los servicios previamente contratados telefónicamente, por emisora o por cualquier otro medio, en los que el taxímetro empezará a contabilizar desde la adjudicación del servicio y con el máximo que resulte del procedimiento de aprobación de tarifa”.
En este caso con la abstención del PP y el voto favorable del resto de grupos, se ha aprobado inicialmente la nueva Ordenanza reguladora del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Cádiz. Como ha expuesto durante su intervención la concejala de Vivienda, Eva Tubío, el texto se adapta a la legislación actual, aporta mayor claridad y agilidad en los procedimientos y, además, puntúa mejor las situaciones de vulnerabilidad.
Entre otras novedades que incorpora, Tubío ha señalado que la violencia de género puntuará sin necesidad de estar supeditada al problema de la vivienda, se aumenta la puntuación para las personas con discapacidad en función del grado, igual que ocurre con la dependencia, y aumenta también la puntuación de las familias en situación de riesgo de exclusión social. Asimismo, el texto de la nueva ordenanza incluye a unidades familiares con menores a cargo, familias con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, personas jóvenes ex tuteladas por la Junta de Andalucía que carezcan de vivienda y recursos suficientes para tenerla, así como otras situaciones de exclusión social.
Posteriormente, el Pleno ha aprobado por unanimidad la adhesión del Ayuntamiento a la Red Española de Ciudades Saludables y el I Plan Municipal de Discapacidad del Ayuntamiento de Cádiz 2023-2025. Un plan trabajado con las asociaciones y colectivos de discapacidad y que proyecta la hoja de ruta de los próximos años con el objetivo de hacer de Cádiz “una ciudad más justa, igualitaria e inclusiva, a través del diálogo y la planificación”.
El Pleno ha continuado con las propuestas de los grupos políticos, comenzando por las cuatro presentadas por Adelante Cádiz que han sido aprobadas. En representación de la Asociación de Detallistas de los Mercados Municipales de Cádiz (Asodemer), Francisco Álvarez ha tomado la palabra para plantear la primera de ellas, con la que se reclama a la Junta de Andalucía la modificación de la normativa vigente sobre la declaración de las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en los municipios, ya que “únicamente beneficia a las grande superficies” y “perjudica aún más” a los mercados y al pequeño comercio incrementando la situación de desventaja frente a las primeras.
La concejala de Turismo y de Comercio, Montemayor Mures, ha asegurado también que “el turismo no corre peligro porque las necesidades comerciales están cubiertas en Cádiz”, donde sí es necesario “proteger al pequeño comercio”. Ha calificado de “injusto” que la Junta “obligue” a declarar las ZGAT “sin respetar la libertad de los municipios para abordar su realidad económica, comercial y social”.
Por ello, se reclama un paraguas legal para que “en ningún caso pueda arrebatarse esta potestad de oficio por parte del Gobierno andaluz si la decisión municipal es no declarar ZGAT en virtud de un posicionamiento fundamentado con los agentes del sector”. Asimismo, reivindica en esta moción la necesidad de apostar desde las instituciones por el comercio local, propio e identitario de las ciudades frente a las grandes multinacionales. La propuesta ha salido adelante con la abstención del PP y Ciudadanos y el apoyo del resto de la Corporación.
Con la abstención del PP y el apoyo del resto de grupos y del edil no adscrito, ha salido adelante la segunda propuesta de Adelante Cádiz para exigir a la Junta de Andalucía el cumplimiento de la Ley de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Patrica). Como ha señalado el edil de Hacienda, José Ramón Páez, por el “incumplimiento sistemático” de esta ley la Junta acumula una deuda de 1.050 millones de euros a las entidades locales andaluzas, de los que 9,9 millones corresponden al Ayuntamiento gaditano. Por ello, se reclama a la Junta un mecanismo para saldar esa deuda y también que dote a la Patrica con 600 millones de euros anuales para garantizar su cumplimiento.
También se ha aprobado, de nuevo con la única abstención del PP, una propuesta encaminada a la desclasificación por parte del Gobierno central de los documentos relativos a los sucesos acontecidos el 4 de diciembre de 1977 en Málaga y al asesinato de Manuel José García Caparrós, reclamando que tanto a él como a su familia se les reconozca como víctimas de la violencia política en pie de igualdad con las víctimas de terrorismo, con su consecuente reparación.
En la exposición de este punto, el alcalde ha leído una carta de apoyo a la moción escrita por las hermanas de García Caparrós reclamando que se declare “víctima de terrorismo de Estado” tras ser “asesinado en plena calle a manos de la policía armada”. Asimismo, alude a la “investigación pésima” de los hechos y, en aras a la “verdad, la justicia y la reparación”, reclaman igualmente que se levante el secreto de sumario después de 45 años esperando.
El Pleno ha aprobado por unanimidad la cuarta propuesta de Adelante Cádiz, apoyando así que Cádiz se convierta en sede permanente de Ciudades Amigas de la Infancia, lo que implica cumplir una serie de compromisos marcados por Unicef encaminados a reforzar las políticas municipales para con la infancia y la juventud, fomentando su participación en el desarrollo de actuaciones que pongan a la infancia en el centro.
