Si todo avanza según lo previsto y se cumplen los plazos, el proyecto básico de la Ciudad de la Justicia de Cádiz que albergará el antiguo depósito de Tabacaleras, una reivindicación histórica de la ciudad, estará listo en noviembre. A juzgar por el acuerdo que este martes escenificaron el alcalde de Cádiz, José María González, ‘Kichi’, y el consejero de Justicia y Administración Pública de la Junta, José Antonio Nieto, no deberían surgir más inconvenientes que enquistaran una actuación como ha ocurrido a lo largo del último verano por la cesión de los terrenos. Finalmente, el cruce de declaraciones de ambas partes ha terminado con final feliz, al menos de momento. La peseta, como se dice en estos casos, no será ni para uno ni para otro. La Administración andaluza llevaba semanas reclamando más suelo, mientras que el Consistorio, avalado por el respaldo de agentes sociales, insistía en que tenían incluso excedente para construir. Así lo hizo constar en su momento (septiembre de 2021) en el informe de disponibilidad de suelo que remitió a la Junta, donde ofrecía hasta 39.000 metros cuadrados frente a los 34.000 que la Junta necesitaba.
¿Era suficiente? Sí, pero en la Administración andaluza, como precisó el consejero de Justicia, no terminaban de ver claro que la calificación del suelo cedido -con un límite del 49% en la edificabilidad del edificio de nueva construcción- diese problemas en un futuro “y no queremos que el proyecto tuviera ninguna incertidumbre”, apuntaba Nieto. Para evitar cualquier interrogante o intranquilidad al respecto, o lo que es lo mismo, curarse en salud, las dos administraciones decidieron ayer en una “corta pero intensa”, reunión de trabajo solicitar al Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, a instancias de la Junta, una “interpretación” o “nota aclaratoria” del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) “para que analizando los datos que han aportado y la peculiaridad del proyecto se vuelva a la calificación (de los terrenos) que siempre debió tener y que en su momento no consideramos tampoco desde la Junta que fuese tan determinante”. Esto supone, como explicó el titular de Justicia, pasar del 49% al 100% de edificabilidad, lo que permitiría “llegar a un mínimo de 39.000 o 40.000 metros que permita que Cádiz tenga la Ciudad de la Justicia que se merece”. El alcalde, que no ocultó su “alegría” y “tranquilidad” porque finalmente “sea una cuestión de interpretación del PGOU lo que necesitamos calmar”, avanzó que la nota aclaratoria (que garantizará 20.000 metros más) irá a Pleno “con toda seguridad” en octubre.
A partir de ahí, una vez que el proyecto básico esté concluido en noviembre -fecha en la que expira el plazo- el siguiente paso será crear una comisión mixta con técnicos de la Junta y del Ayuntamiento para hacerle un seguimiento y abrirlo “al conjunto de la ciudad y a los operadores jurídicos”. Otra de las cuestiones decisivas y en las que Kichi insistió ayer al consejero “para respirar con toda la tranquilidad” fue en la asignación de una partida al proyecto definitivo en los presupuestos de la Junta el próximo año de cara a licitación de una obra que tendrá un coste cercano a los 60 millones de euros, dijo Nieto, que precisó que “solo el proyecto básico tiene un presupuesto de 500.000 euros”.
Volviendo al proyecto, las 39 sedes judiciales de Cádiz, a excepción de la Audiencia Provincial y Fiscalía, se concentrarán en los 35.000 metros reservados a la construcción del nuevo edificio, mientras que habrá un margen de reserva de 5.000 (una vez que se apruebe en Pleno la nota aclaratoria del PGOU) para futuras ampliaciones. Esto significaría que Cádiz “tendría resuelto para décadas sus problemas de sedes judiciales”. Ahora solo falta que se cumplan los plazos.
