El senador socialista Francisco Menacho y la candidata al Congreso de los Diputados Eva Foncubierta dirigieron el miércoles un acto en el hotel Peña de Arcos con medio centenar de emigrantes retornados. El PSOE viene apoyando a este colectivo después de instar al Gobierno de Rajoy  a que ponga fin a “la injusticia cometida con aquellas personas que en su día tuvieron que emigrar en busca de un futuro mejor y a los que  trata ahora como defraudadores”.
Ambos dirigentes dejaron constancia de la situación de este amplio colectivo al que se le exige una tributación desmedida e injusta, según el PSOE, que recuerda que en muchos casos esos emigrantes son hoy por hoy el sustento de sus familias, hijos y nietos, en el actual contexto de crisis que arrastra el país.


“Mientras el Gobierno ha concedido una amnistía fiscal para las grandes fortunas, trata a este colectivo, en su inmensa mayoría pensionistas mayores de 65 años, como delincuentes fiscales, por lo que reclamamos al Gobierno que repare el sufrimiento tan innecesario que está causando este colectivo”, explican los socialistas.


El PSOE también reclama una tributación apropiada de la renta de los emigrantes ateniendo a su origen y a su connotación histórica, y que Hacienda asuma las sentencias de los tribunales. Los socialistas solicitan además los medios necesarios para que los pensionistas, como cualquier contribuyente, reciban su borrador de la declaración correspondiente, y que se establezcan los mecanismos necesarios para la homologación o convalidación de las pensiones de invalidez procedentes de países extranjeros.


Además, piden la devolución de oficio de las cantidades derivadas del periodo de regularización hasta 2012 incluido. A su juicio, el Gobierno ha asumido un error al establecer este periodo voluntario y, por tal motivo, tendría que anular el efecto retroactivo que contempla la legislación fiscal.


El PSOE critica “la insensibilidad” del Gobierno del PP durante esta legislatura con los pensionistas, un colectivo que “ha sufrido, además de recortes en su calidad de vida, una pérdida de poder adquisitivo de 204 millones de euros, como consecuencia de la no actualización de las pensiones en relación al IPC y los copagos farmacéuticos”. Según datos del colectivo, hasta el momento el Gobierno ha recaudado 20 millones de euros en sanciones y multas pero sólo ha devuelto 13 millones y por eso el PSOE exige que “esos siete millones que se devuelvan de oficio”. 


El alcalde Isidoro Gambín pidió participación en la manifestación de Madrid del próximo 26 de noviembre, donde los emigrantes retornados están llamados a protestar ante el Gobierno central.