Arcos de la Frontera, con 33.000 habitantes, carece de un servicio tan esencial como una escombrera donde se recepten y almacenen los residuos sólidos inertes del municipio. En el año 2013 la UE clausuró la escombrera situada en Sierra Valleja por carecer supuestamente de las condiciones requeridas por la normativa y las ambientales; una escombrera que formaba parte de las tareas de restauración de la cantera anexa.
Desde entonces, el municipio está desprovisto de un lugar “legal” para el depósito de escombros resultantes de las obras arquitectónicas, por lo que los vecinos usuarios están obligados a depositar los escombros resultantes de las obras arquitectónicas en la escombrera del término de Bornos.
Para salvar por ahora la situación, el Ayuntamiento se encuentra buscando un terreno idóneo para habilitar una infraestructura municipal, descartándose por el momento que el actual Punto Limpio de Los Cabezuelos actúe en este sentido. Además, la propia Delegación municipal de Medio Ambiente viene asegurando que la falta de escombrera encontraría una respuesta con la puesta en marcha del nuevo Punto Limpio, en la carretera de Espera, y con la entrada en servicio de la empresa privada que gestione tanto la recogida de residuos sólidos urbanos como el mantenimiento de los parques y jardines.
La ausencia de una escombrera en estos momentos está provocando un despunte de vertidos ilegales, fundamentalmente en cunetas y vías pecuarias con el consiguiente daño al medio ambiente. Y es que el traslado de estos residuos, mediante bateas, suele ser costoso y no todos los ciudadanos se lo pueden permitir. De hecho, en los alrededores del cementerio municipal se suelen acumular escombros supuestamente procedentes de pequeñas obras. La intención del Ayuntamiento es crear un punto de acopio donde, aunque de manera transitoria, se puedan depositar.
En el lado político, este asuntos fue denunciado hace una semana por el concejal socialista Rafael Barrios, exdelegado municipal de Medio Ambiente. El actual, Francisco Muñoz(Ai-Pro) asegura que el equipo de Gobierno al que pertenece no tiene competencias sobre los hechos que provocaron el cierre del vertedero de Sierra Valleja, como también opina que el PSOE tuvo ocho años durante sus mandatos para haber encontrado una solución a este déficit medioambiental.
