Desde el equipo de Gobierno PP-Ai-Pro, su segundo teniente de Alcalde, Manuel Erdozain, ha querido dejar claro que “este asunto no es plato de buen gusto”, pero sobre todo entiende que la situación de los exconcejales del PSOE empeora cuando los juzgados arcenses deciden dar traslado al Ministerio Fiscal de un presunto delito de prevaricación.
El mismo sostiene que el anterior Gobierno “engañó” a los vecinos de Cachones de Angorrilla con un supuesto convenio consistente en la concesión de licencias de ocupación a cambio de una cesión de suelo al municipio para la construcción del vial Padre Salesianos. Erdozain asegura que los vecinos “se sienten engañados” porque se les prometió luz verde para que engancharan sus viviendas y parcelas a las redes públicas. Sin embargo, el ahora delegado de Urbanismo no ve con malos ojos el fondo de esa gestión; es más, la considera positiva, pero asegura que el anterior gobierno socialista no cumplió la Ley en este sentido. “Los vecinos se sienten engañados porque cedieron el suelo y no han recibido nada, por eso el Ayuntamiento se personó en la causa”.
Manuel Erdozain dijo no comprender de dónde viene la satisfacción de los anteriores mandatarios imputados, pues el proceso sigue su curso aunque ahora en un juzgado distinto. En esta dirección, recuerda que la causa no ha sido sobreseida, sino que las diligencias continúan abiertas para derivar en un procedimiento abreviado, con apertura de juicio oral en los juzgados de lo Penal de Jerez.
Este trámite se corresponde, según Erdozain, con la afectación de un suelo no urbanizable y de especial protección, por lo que una posible concesión de licencias hubiera sido un hecho “antijurídico”. Así, el Ministerio Fiscal deberá pronunciarse si va en contra o no del anterior equipo de Gobierno.
Para Erdozain, por último, la victoria moral de la que habla la exalcaldesa de Arcos hubiera sido el sobreseimiento del caso y no que la causa continúe. “El tiempo pondrá a cada uno en su sitio”, señaló el delegado, quien se mostró expectante con lo que pueda dictar el Ministerio Fiscal.
Por otro lado, el mismo quiso desmentir que el gasto en abogados haya sido de 20.000 euros para el Ayuntamiento, para reconocer que han sido 12.000 después de haberse abierto un concurso para la contratación de un servicio jurídico externo. En este sentido, los abogados del Ayuntamiento no podrían haber dirigido el caso por una cuestión de incompatibilidad al ser también parte implicada en este proceso.
