Las actuaciones que, con carácter urgente, el Ayuntamiento de Cádiz se ha visto obligado a efectuar, en las últimas semanas en diferentes fincas del casco histórico, y que han provocado el desalojo urgente de varias familias, “vuelven a demostrar”, según Facua Cádiz, “la inoperancia del Área Municipal de Urbanismo, lo que, desde esta entidad, se viene denunciando desde hace años”.
En las últimas semanas, seis familias han sido desalojadas de un inmueble en la calle Patrocinio y otra de una finca de la calle Sacramento, mientras que la construcción, por parte de la Junta de Andalucía, de 18 nuevas viviendas en la calle Horozco, ha quedado paralizada ante el riesgo que suponía para el edificio colindante debido a su mal estado de conservación.
Los vecinos del inmueble de la calle Patrocinio han asegurado a Facua Cádiz que, en numerosas ocasiones, se habían personado en el Área Municipal de Urbanismo para denunciar su situación sin que nadie les hiciera caso. En relación con la vivienda de Sacramento, la propia asociación fue la que denunció ante el Ayuntamiento la situación de la vivienda afectada, sin que este adoptara ningún tipo de medida contra el propietario de la finca. Posteriormente, la inquilina de esta vivienda demandó judicialmente al propietario, que reconoció ante los Tribunales la obligatoriedad de realizar las obras que los técnicos municipales no habían entendido necesario requerirle.
Para la asociación de consumidores, ambos casos demuestran “la total inoperancia e ineficacia del Área Municipal de Urbanismo, de la que, a juicio de esta organización, se están aprovechando los propietarios de las fincas, que, gracias a ello, logran deshacerse de aquellos inquilinos de renta antigua que ‘obstaculizan’ sus actividades de especulación”.
Facua teme que el Ayuntamiento no esté sancionando contundentemente a estos propietarios que, además de obligar a los inquilinos a vivir en condiciones infrahumanas, ponen en peligro la seguridad tanto de dichos inquilinos como la de las fincas colindantes.
Para la Asociación es necesario que el Ayuntamiento analice, entre otros aspectos, la actuación de los técnicos municipales y los protocolos que se llevan a cabo en las inspecciones técnicas a las que son sometidas las fincas.