José Chamizo, también Defensor del Pueblo Andaluz, planteó esta reflexión durante su comparecencia para explicar la gestión realizada en 2008 sobre menores en el Parlamento, donde se mostró convencido que el impulso a la institución de la mediación familiar, mediante la aprobación de la ley, servirá para paliar la conflictividad familiar por el choque generacional.
No obstante, alertó sobre las situaciones en las que los progenitores muestran una actitud pasiva con los menores adolescentes, un "nuevo mal" de la sociedad actual, subrayó.
"Se trata de padres y madres permisivos, que no fijan límites, consentidores con los caprichos e impotentes para poner freno a los desmanes de los menores adolescentes", detalló.
Otro de los problemas "enquistados" que detecta el trabajo del Defensor se refiere al ocio de menores adolescentes, por lo que demandó afrontar el fenómeno de la movida desde medidas y perspectivas y propuestas globales, así como diseñar redes culturales y un ocio atractivo que dé respuestas a problemas como el consumo de alcohol.
El Defensor centró también su exposición en la necesidad de emprender una reforma "decidida" de la salud mental infantil y juvenil que detecte trastornos del comportamiento y calificó de "inadmisible" la desatención de las familias que van de administración en administración pidiendo soluciones.
El informe analiza, además, el funcionamiento del ente público de protección de menores, un "lugar común" de quejas, por las dificultades en las que el personal desempeña su trabajo.
La relación de puestos de trabajo no cubiertos en su totalidad y mal dotados, la excesiva rotación del personas, la acumulación de tareas o el "frecuente" recurso a empleos temporales dificultan -según Chamizo- la especialización y "merma" del servicio.
El Defensor instó a la Junta a regular la situación laboral de los cuidadores de menores para ofrecer una mayor garantía y seguridad a los padres que se ven obligados a contratar sus servicios y le pidió que abra una bolsa de trabajo de niñeras.
La propuesta se basa en la necesidad de que la Junta de un "paso al frente e incentive este yacimiento de empleo, fomente la cualificación de los profesionales de este sector y regule los requisitos de formación”.
Demandó que el gobierno regional asuma la subvención del acceso a estos servicios para las familias con pocos recursos económicos.
Vista la escasa asistencia de diputados a la comisión en la que compareció, Chamizo no dejó pasar la oportunidad para pedir que los asuntos relacionados con los menores tengan "igual" categoría que cuando comparecen los consejeros para hacer "creíble" la preocupación de la Cámara por este tipo de problemas.
Respecto a las reclamaciones y denuncias sobre problemas que afectan a los derechos de los menores, el año pasado ascendieron a 1.022, una cifra superior a las 919 de 2007, a las 859 de 2006 y a las 726 de 2005.
De los 1.022 expedientes de quejas tramitadas, 930 fueron a instancia de parte y 92 de oficio.
El mayor número correspondió a la educación, con 623 quejas, seguida de protección y reforma, con 303, y salud, con 35.
Además, el conocido como el "teléfono del menor" recibió 641 llamadas, 65 más que en 2007.
