El acuerdo firmado considera que con las actuales propuestas legislativas se puede poner en “serio peligro la viabilidad de las explotaciones agrícolas”.
Entre los cambios propuestos, se exige el establecimiento de unos criterios para conseguir un uso sostenible de plaguicidas basados en razones objetivas “y no realizar una limitación arbitraria del uso de plaguicidas a tenor de unos objetivos exclusivamente cuantitativos, que no proporcionan garantías a la hora de conseguir la finalidad perseguida por la directiva europea”.
El documento considera además necesario abordar un estudio de evaluación de impacto -tanto socioeconómico como medioambiental- sobre el territorio, así como mantener las sustancias activas a sustituir hasta que se encuentren alternativas de similar eficacia, sin fijar plazos, para evitar situaciones de indefensión fitosanitaria. Del mismo modo, Andalucía defiende el establecimiento de tres zonas en el marco europeo a la hora de autorizar los productos fitosanitarios, ya que los métodos de lucha contra las plagas en zonas húmedas como el norte de la UE, con fungicidas para tratar los hongos, no tiene nada que ver con las técnicas del sur, donde las plagas de insectos se aplacan con insecticidas.
