El público en esta ocasión no respaldó la convocatoria, que sirvió para explicar de manera somera las principales cuestiones que recoge la ordenanza municipal de telefonía móvil que en breve se elevará al Pleno para su aprobación. El licenciado en Derecho, Gonzalo Fernández Prada, expuso la primera ponencia, titulada Exposición y análisis del borrador de la Ordenanza de Telecomunicaciones de El Puerto, confirmando una vez más que la competencia para regular el mercado de la telefonía móvil es del estado, a pesar de que los municipios tienen ciertas competencias menores como son el impacto visual o contra el patrimonio, escapándose totalmente la sanitaria.
Indica que la ordenanza es “muy trabajada” y se basa en la sentencia del Tribunal Supremo, con la intención de que las operadoras, que pretenderán alegar dicho documento, no alarguen en exceso el periodo de aprobación. Así, entre los detalles a destacar de la misma están la necesidad de que las operadoras compartan infraestructuras, que no se instalen antenas encubiertas ni en edificios protegidos, enumera los requisitos a solicitar a las operadoras y cuales son las infraestructuras actuales y la previsión futura. Ya no se podrán instalar de manera alegal como hasta el momento y las instalaciones se tendrán que revisar cada tres años.
La segunda ponencia corrió a cargo de la coordinadora del SATI (que pretende recoger y atender la preocupación de los municipios), de la FEMP, Joanna Arranz, que estuvo acompañada del asesor biomédico Francisco Vargas. Arranz destaca que esta ordenanza, basada en el modelo de ordenanza de la FEMP, “es muy garantista. Es muy parecida a la que nosotros presentamos y se hace eco de la normativa, por lo que se puede estar satisfecho con el trabajo realizado”. Indica que el SATI ofrece cuatro áreas, técnica, jurídica, biomédica y estrategia y comunicación, así como el dato de que, de la provincia hay ocho ayuntamientos asociados, confiando en que el noveno sea el portuense.
