La defensa de Juan Antonio Roca culpa de todo a Jesús Gil

El abogado del ex asesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca, José Aníbal Álvarez, aseguró ayer que en dicho consistorio se todo se hacía bajo las órdenes del ex regidor Jesús Gil, ya fallecido, que fue además quien diseñó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Álvarez intervino el primero en la vista para abordar los recursos contra el auto de procesamiento y pidió que se revoque un auto que, según dijo, “se dictó con tanta premura” que entonces quedaban otros recursos pendientes de resolver. En su exposición hizo referencia a que se dice de forma “machacona” en dicha resolución que Roca diseñaba el planeamiento cuando “lo diseñó Jesús Gil”. “Juan Antonio Roca Nicolás en ningún momento diseñó ni desarrolló ni ordenó que se aplicase un plan u otro”, apuntó.

Asimismo, negó otras afirmaciones recogidas en el auto sobre su cliente, como que urdió la moción de censura contra el entonces alcalde Julián Muñoz y que dio dinero a los concejales. Asimismo, el letrado recalcó que Roca no era político, por lo que "mal podía dirigir" e incidió en que no hay resoluciones ni actas firmadas por éste, ni aparecía en los plenos.

También hizo hincapié en que todos los procesados fueron detenidos y en que en ese momento se produjeron "confesiones interesadas con un fin claro, que se inculpara a Roca" por la "presión" de estar 72 horas arrestados; mientras que, según dijo, posteriormente, en otras declaraciones, ningún edil reconoció haber recibido dinero de él ni haber órdenes para aprobar resoluciones, por lo que su cliente ha sufrido una clara indefensión.

Añadió que no se le ha preguntado a Roca de quién son las iniciales o acrónimos que aparecen en unas anotaciones, utilizadas por la Policía para hacer imputaciones, y criticó que "hemos estado sometidos a juicios de valor en los informes, luego arrojados en resoluciones judiciales".

El abogado pidió que se concreten las fechas en que se cometieron los delitos, sobre todo el blanqueo, al considerar que "estamos en el limbo judicial y es importante al efecto de las prescripciones" y también los importes del supuesto perjuicio económico y del valor de los cuadros intervenidos, a la hora de determinar la responsabilidad civil, que fue fijada en 1.000 millones de euros.

Criticó “el linchamiento mediático” y “los juicios de valor” y defendió las sociedades creadas por Roca, que, a su entender, cumplían con la legalidad, pagaban a Hacienda y recibían créditos de entidades bancarias. En este sentido, dijo que todas las sociedades de Roca "tienen sustancialidad real y no son ninguna fachada", hasta el punto de que los bancos les concedían préstamos. Además, apuntó que los 120 millones de euros en los que el auto cifra el patrimonio de su cliente se corresponden "con el pasivo, no con el activo".

Las críticas de los letrados de Muñoz y Yagüe

El letrado del ex alcalde Julián Muñoz, Ignacio Prieto, cuestionó la falta de motivación del auto de procesamiento, y aseguró que las decisiones urbanísticas se tomaban entre Jesús Gil y Juan Antonio Roca.

Prieto criticó que se mantenga la acusación contra su cliente cuando el propio Juan Antonio Roca ha negado que haya realizado algún pago a Julián Muñoz.

Este abogado afirmó que su cliente nunca perteneció al entramado del ex asesor de Urbanismo, y recordó que fue desbancado con una moción de censura en la alcaldía.

Por su parte, el defensor de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, Pablo Luna, reprochó la falta de precisión en las acusaciones y calificó el “maremagnum de investigación”, en un proceso sujeto a la indefensión y por tanto sujeto a la nulidad de las actuaciones.

En las próximas dos semanas la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga afronta los 62 recursos de apelación interpuestos contra el auto de procesamiento del caso Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella.

Tras los ex responsables municipales, se estudiarán los recursos de los empresarios imputados, entre los que se encuentran los principales responsables de la promotora Aifos. Esta inmobiliaria se encuentra en la actualidad en suspensión de pagos y el proceso ha provocado que la administración concursal del emblemático Hotel Byblos de la Costa del Sol haya solicitado la liquidación de la empresa y la extinción de empleo de la plantilla, formada por 114 trabajadores entre fijos y fijos-discontinuos.

La siguiente semana, se verán los recursos de algunos imputados acusados principalmente en blanqueo de capitales, varios abogados y presuntos testaferros de Roca y más tarde el ex primer teniente de alcalde Pedro Román, varios empresarios y marchantes de arte.

El 30 de octubre, la Sala tiene previsto que el ministerio público y las acusaciones particulares expongan sus argumentos ante el tribunal.

Estos recursos se afrontan después de que el juez del caso, Óscar Pérez, desestimara la mayoría de los recursos de reforma presentados por 66 procesados en la causa contra el auto de procesamiento dictado por el anterior instructor, Miguel Ángel Torres, en julio de 2007, en el que procesaba un total de 86 personas.