La delegada provincial de Vivienda, Silvia López, expresó ayer su “indignación” por las dificultades a las que se están enfrentando los vecinos de Paco Alba, 5 para recibir las indemnizaciones que les corresponde por el derrumbe ocurrido en el interior de ese edificio hace siete meses.

Tras conocer por este periódico la resistencia que las monjas del convento de Santa María --antiguas herederas de la finca-- y el ex usufructuario han mostrado hasta ahora a pagar lo acordado, la representante de la Junta de Andalucía se reconoció molesta por esta situación y no dudó en manifestar su apoyo a las reivindicaciones de los inquilinos. En su opinión, éstos “tienen todo el derecho del mundo a reclamar esas cantidades y me parece razonable que vayan al juzgado si no las cobran”, sostuvo.

López no se limitó a lamentar la actitud de los anteriores propietarios. También les exigió “que cumplan sus obligaciones” y abonen los daños materiales que las seis familias sufrieron cuando, en marzo pasado, se cayó el techo de una de las viviendas y se vieron obligadas a evacuar el inmueble.

Es más, la delegada recordó que ése fue el compromiso adquirido por quienes eran hasta hace poco los responsables de la finca, a cambio de que la Junta la comprara y se encargara de su remodelación, garantizando el retorno de los residentes (que ahora permanecen realojados en pisos del Gobierno autonómico). “Doy fe de ello”, subrayó tajante.

En cualquier caso, la titular de Vivienda en la provincia de Cádiz confesó ayer no sentirse muy sorprendida ante el modo de proceder de las dos partes. Y mucho menos después de las negociaciones que llevó a cabo en su día con ambas para solventar el problema social originado en Paco Alba, 5. Ya entonces “pude comprobar en primera persona la catadura moral del administrador y del usufructuario”, aseveró.

Pero López también guarda algún dardo para las religiosas, al solicitar que “no defrauden las esperanzas que los residentes depositaron en ellas” y “asuman lo que dijeron”.

Por último, la delegada resaltó su convencimiento de que las peticiones económicas de los afectados son “muy modestas” en comparación “con lo que perdieron”. Por eso, a su juicio, la “mezquindad de quienes no quieren responder con la misma sensatez resulta aún mayor”, sentenció.