En un comunicado, la Comisión Ejecutiva Provincial del SUP-Cádiz explicó que la Delegación Provincial de Justicia de la Junta de Andalucía en Cádiz dispuso en agosto de 2008 que “se dejaran de utilizar dichas instalaciones” con el fin de “preservar la seguridad” de las personas que usan los calabozos de la citada sede judicial.
Sin embargo -manifestaron-, a día de hoy “persisten las mismas condiciones de inseguridad e insalubridad” debido a que “no se ha acometido ningún tipo de reforma”, siendo las condiciones del inmueble “tercermundista”.
A juicio del SUP, las condiciones y la utilización de estas dependencias “atentan gravemente contra los derechos humanos y la dignidad de las personas”.
Finalmente, la organización sindical indicó que, con la intención de “evitar un riesgo grave e inminente”, ha solicitado a la Jefatura Provincial de Cádiz que, en virtud de la Ley de prevención de riesgos laborales, “tome cartas en el asunto” y disponga lo necesario para “preservar la seguridad de los detenidos y policías”, habilitándose “con la mayor brevedad posible” unas dependencias “dignas” para los mismos en dicho juzgado.
