El prestigioso arquitecto y urbanista Manuel Ángel González Fustegueras ha asegurado que las administraciones públicas disponen en la actualidad de una “armadura legal impresionante” para intervenir en el suelo, algo que no llevan a cabo porque a los políticos “les falta valor” para asumir las consecuencias que se derivarían de esa intervención.
González Fustegueras hizo esta aseveración en el marco de unas jornadas de urbanismo organizadas conjuntamente por la Delegación municipal de Urbanismo y la Asociación de la Prensa de Jerez, en las que reconoció que la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo sobrevivió económicamente “hasta no hace mucho tiempo” gracias a las plusvalías que se generaron a raíz de la aplicación del PGOU de 1987, que usó la “técnica de la amenaza” a los propietarios de suelo para incrementar su patrimonio.
“Estamos en un momento interesantísimo, porque desde el año 2007 existe una armadura legal brutal que permite expropiar suelos a valor rústico. Esas herramientas para la expropiación también existían antes, pero la ley estatal del año pasado lo que hizo fue dejarlo todo clarísimo. Lo único que falta es valor para apropiar esa ley”, incidió González Fustegueras.
De hecho, el urbanista se mostró “sorprendido” de que Sepes, como empresa pública de suelo, haya puesto en marcha una campaña publicitaria para adquirir superficies en las que construir viviendas protegidas, cuando las podría expropiar. “Estamos en una situación ideal para resolver todos los problemas que se han derivado de la crisis”, apostilló.
El POTA y los PGOU
En su intervención, Manuel Ángel González Fustegueras también se refirió al controvertido Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), a su juicio un buen documento en origen que sin embargo pierde su crédito en el momento en que se le introduce la conocida enmienda que limita el crecimiento de los suelos urbanizables al 40 por ciento y al 30 por ciento en el caso de la población.
“El famoso artículo 45 no reconoce al propio POTA, que plantea una Andalucía diversa. No tiene ningún sentido. De hecho, la Junta ha tratado de lavarse la conciencia poniendo en marcha los potitos (planes subregionales), que pueden saltarse la norma del propio POTA”, explicó. A este respecto, González Fustegueras llegó a afirmar que las áreas de oportunidad pueden llegar a convertirse en “áreas oportunistas”, aunque negó que, con norma general, los ayuntamientos estén recurriendo a esta figura para librarse del encorsetamiento que supone la estricta aplicación del POTA.
En las jornadas también participó el director del Área de Planeamiento de la Delegación de Urbanismo, Benito García Morán, que mostró abiertamente sus discrepancias respecto a la conveniencia de que el futuro desarrollo urbanístico de las ciudades tenga que estar sometido obligatoriamente a los PGOU. “Esta obsesión de recoger toda la planificación urbanística de una ciudad en un único documento se remonta en España a 1956. En París, en Londres o en Bruselas, por ejemplo, no hay PGOU, y no pasa nada”, recordó.
García Morán entiende que el sistema legislativo en vigor es “complejísimo”, entre otras cosas porque en su desarrollo intervienen varias administraciones, que en todos los casos tratan de “dejar su huella” en los planeamientos urbanísticos.
“El PGOU de Jerez que está pendiente de aprobación tiene 9.300 folios y 830 planos. Si un ciudadano quisiera llevárselo a su casa fotocopiado tendría que gastarse 11.000 euros”, explicó, para defender a continuación “que alguna vez se plantee en serio que esto no puede seguir así”. “Esto es un mamarracho. No puede convertirse al planeamiento urbanístico en una especie de biblia de la ciudad. Tenemos que ir hacia otros modelos, y hay ejemplos muy claros en países cercanos”, añadió.
Benito García Morán planteó entre otras cosas la necesidad de articular “mecanismos ágiles” para actuar en las barriadas construidas a mediados del pasado siglo XX, tal y como se está haciendo en Francia, donde se ha renunciado a consumir “millones de metros cuadrados de suelo en la periferia” para derribar bloques de viviendas y sustituirlos por otros de nueva construcción.
Las jornadas fueron abiertas por Macarena Álvarez, licenciada en Derecho y Diplomada en Urbanismo y Desarrollos Inmobiliarios, además de secretaria general de la Asociación Nacional de Expertos en Urbanismo y Desarrollos Inmobiliarios. En su intervención, Macarena Álvarez trató de explicar a los periodistas los conceptos más habituales del urbanismo, una materia que en los últimos años se ha abierto un hueco muy importante en los medios de comunicación gracias fundamentalmente a los casos de corrupción denunciados en numerosas ciudades españolas.
