"Ciudadanos -ha enfatizado- ha pasado de la regeneración a la degeneración y el despilfarro de dinero público"
Adelante Andalucía ha acusado al Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos de "degenerar" las políticas públicas con sus primeras medidas económicas y se ha mostrado convencido de que la "negativa" a presentar los presupuestos de 2019 "esconde" futuros recortes sociales.
La portavoz adjunta de la coalición Ángela Aguilera ha planteado estas críticas en rueda de prensa, en la que ha denunciado que las primeras medidas del Ejecutivo suponen un "guante de seda para los ricos y un puño de hierro para los de abajo".
Convencida de que el Gobierno de Juanma Moreno funciona al "trantrán y con baja intensidad", la representante de Podemos ha sostenido que los que venían a "regenerar" la vida pública están tomando decisiones que suponen una "degeneración" de la misma.
Como ejemplo, se ha referido a la confirmación de que la Junta seguirá pagando las ayudas que cobran los altos cargos del Gobierno andaluz que necesiten alquilar una vivienda en Sevilla, unos "600.000 euros" en total, lo que ha tildado de "indecente".
A esta ha sumado los 74.000 euros que percibirá al año el jefe de gabinete de la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Cs), al que -ha dicho- "vamos a pagarle entre todos la hipoteca".
"Ciudadanos -ha enfatizado- ha pasado de la regeneración a la degeneración y el despilfarro de dinero público".
Sobre la posibilitad de que la Junta no presente los presupuestos antes de las elecciones municipales de finales de mayo, Aguilera cree que esta decisión responde a un intento de "esconder" futuros "recortes sociales"
En su opinión, la política económica del "tripartito" es la de la "ley de selva", lo que -según ella- explica la rebaja de impuestos a diez mil ricos con la bonificación del impuesto de Sucesiones y supone una "merma" en la recaudación para otras políticas públicas.
También ha cuestionado que la Junta "no sepa" el tiempo en el que se llevará a cabo la auditoría de las empresas públicas y que anuncie ahora la creación de una Oficina contra el Fraude cuando ésta debería estar ya en funcionamiento.