El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha anunciado hoy que la formación naranja llevará al Parlamento Andaluz durante el primer periodo de sesiones de 2018 una ley “inédita y pionera en España” para la evaluación de las políticas públicas. “Esta propuesta fue contestada por el gobierno diciendo que no compartía nuestro criterio de hacerlo bajo la fórmula de proyecto de ley, por lo que anuncio que Cs elevará una proposición de ley en el primer periodo de sesiones de 2018 para que en la próxima legislatura el gobierno de la Junta tenga que responder si la formula de aplicar los recursos públicos se hace eficaz o eficientemente o no”, ha avanzado Marín.
En este sentido, el líder andaluz de Cs ha aseverado que se trata de una “propuesta inédita en el Parlamento pero recogida en el Estatuto de Autonomía en su artículo 138: la ley regulará la organización y funcionamiento de un sistema de evaluación de las políticas públicas”.
“Parece que lleva 40 años este artículo pero hasta ahora nadie se había fijado en él. Estamos cansados de tranvías que no echan a andar o planes de empleo que después no dan los resultados esperados”, ha advertido el máximo mandatario andaluz de Cs, quien ha explicado que el objetivo es que “gobierne quien gobierne a partir de 2019, se vea sometido al control del Parlamento andaluz. Eso da garantías a los ciudadanos de saber si lo que estamos gastando lo hacemos de forma eficaz y eficiente”.
Marín ha profundizado en la iniciativa que prepara la formación naranja, la cual contaría con “una comisión de expertos de reconocido prestigio que puedan incorporar consideraciones en la redacción del anteproyecto de ley”, al tiempo que ha propuesto “la creación de un Consejo de Evaluación integrado por un director elegido por el Parlamento Andaluz y un órgano colegiado denominado Consejo Asesor de Evaluación Políticas Públicas de Andalucía”.
Asimismo, esta ley abarcaría “a todas las consejerías y entes instrumentales” de la Junta de Andalucía, y se establecería la obligatoriedad de comparecer anualmente en la cámara autonómica, así como la emisión de informes de forma ordinaria que presentaría el director del Consejo de Evaluación.
“Es necesario que cuando los recursos son limitados se promueva la cultura de la evaluación, saber si lo que se gasta o se invierte se hace pensando en los ciudadanos o más bien en los compromisos políticos de los partidos”, ha finalizado Marín.
