El  21 de diciembre se celebrarán las próximas elecciones autonómicas en Cataluña. Desconozco si es la mejor solución al grave problema creado por los independentistas pero, sin duda alguna, es la mejor de las respuestas que el Gobierno ha podido dar tras la esperpéntica situación que el ex presidente Puigdemont y todos sus seguidores habían provocado.

Y es la mejor respuesta porque, por un lado, disolvía inmediatamente el Parlamento catalán sin que la aplicación del Artículo 155 de la Constitución provocara una intervención de la soberanía autonómica catalana por parte del Congreso de los Diputados o del Gobierno.

De otro lado, la decisión del presidente Rajoy de convocar las elecciones en el plazo más breve posible convierte la vigencia del 155 en su mínimo, intentando así minimizar la gravedad de una decisión de estas características.

Por si lo anterior por sí mismo no fuera suficiente, la decisión (que cogió por sorpresa a todos, demostrando así Mariano Rajoy que no es tan previsible como muchas veces parece) de convocar elecciones para el 21 de diciembre supone coger con el pie cambiado a los partidos independentistas, a quienes no se ha dado tiempo de reorganizarse tras el guirigay montado entre el 6 de septiembre y el 10 de octubre pasados.

Al tiempo que cogerán en pleno fragor del conflicto catalán que presupone movilizará más a los partidarios de seguir siendo catalanes y españoles que a los independentistas que, puede, ahora mismo no sepan quién les representa mejor.

Además, que Rajoy haya convocado las elecciones autonómicas supone que éstas sean, precisamente, autonómicas, eliminando así cualquier ápice de plebiscito o de legislación vinculada al proceso independentista.

Serán elecciones como las de cualquier otra autonomía de España.

Cierto es que las semanas finales del “proces” han terminado por poner las cosas en su sitio y han terminado por poner a prácticamente todos en el mismo bando.

La flagrante comisión de delitos por parte de los gobernantes catalanes no ha hecho sino unir a todos en torno al cumplimiento de la legislación vigente como garante de un estado de derecho que nos protege y defiende a todos, precisamente, de quienes pretenden perpetran cualquier tipo de violación de la legislación y los derechos de todos.

El cumplimiento de la ley es condición indispensable para el estado de derecho y la democracia y este cumplimiento debe ser vigilado por la justicia, a la que no podemos pedirle intervención ni injerencia política, nos guste más o nos guste menos sus decisiones.