Santorini es por excelencia paradigma de la belleza del mar Egeo. Con dos millones de turistas al año es, después de Mikonos, el destino predilecto en Grecia. Ahora, esta perla volcánica ha lanzado la voz de alarma y quiere poner un techo a las visitas anuales, emulando en cierta manera a las Baleares.
Atascos permanentes en carreteras donde coches se entremezclan con motos, camiones y hasta mulas; problemas en el abastecimiento de agua potable o de electricidad, así como en la gestión de los residuos son algunos de los síntomas de la saturación que padece esta isla desde hace años.
Santorini no ha podido hacer frente al crecimiento exponencial del número de habitantes permanentes -desde 6.200 en 1971 hasta 25.000 en la actualidad- y a la llegada de unos dos millones de turistas anuales.
A los problemas naturales que se derivan de la sobredosis de turismo, como la subida astronómica de precios en general y de alquileres en particular, la población padece otras muchas dificultades. No hay suficientes plazas de escuela, faltan médicos y el nuevo hospital ni siquiera puede satisfacer las necesidades de los habitantes.
"Vivimos bajo enorme presión financiera. Todo está mucho más caro que en el resto del país empezando por el precio del gasóleo", dice a Efe Maria Papayanni, directora de un pequeño hotel de la isla.
Papayanni explica que paga 450 euros al mes para un piso sin calefacción y que se siente "privilegiada" porque otros pagan "hasta 800 euros para alojamientos en peor condición".
Toda esta situación ha llevado al alcalde de la isla, Anastasios Sorsos, a introducir un programa paulatino para poner un tope a los amarres diarios de cruceros, y a pedir al Ministerio de Turismo que declare Santorini turísticamente saturada y al Ministerio de Medio Ambiente a prohibir construcciones fuera de las poblaciones.
Según un estudio de la Universidad de Egeo, el espacio construido en Santorini ha alcanzado el 15 % de la superficie total mientras que en las demás islas de las Cícladas apenas es del 1 %.
El alcalde hizo la primera petición en 2015, y hasta la fecha no ha recibido respuesta.
En caso de una respuesta positiva, podría limitar las capacidades hoteleras -a su juicio los dos millones anuales de visitas son el máximo soportable- y evitar que surjan nuevas empresas que ofrecen servicios al turista.
"Nuestras carreteras no pueden soportar más tráfico. Además, el turismo ha hecho que el consumo de recursos naturales aumente más allá de sus límites", explica Sorsos a Efe.
Pero a su juicio no todo se resuelve con fondos para nuevas infraestructuras, pues, como dice, ampliarlas entraña el riesgo de que la isla pierda su belleza y encanto.
Una de las primeras medidas para atajar la situación ha sido limitar el número de cruceros diarios que pueden amarrar en la isla, una iniciativa que ya ha empezado a funcionar a modo de programa piloto y que estará plenamente operativo en 2019.
El objetivo es limitar a 8.000 las llegadas diarias de turistas de crucero -en la temporada alta alcanzan los 18.000-. Esto supone reducir el número a unos cuatro al día en lugar de los siete a ocho actuales.
El presidente de la Asociación de Hoteleros de Santorini, Manolis Karamolengos, se muestra escéptico frente a la posibilidad de declarar la isla turísticamente saturada, aunque reconoce que hay claros problemas que resolver.
"Para eso es necesario un estudio detallado. El problema no se limita a las plazas turísticas. Es también un problema de infraestructuras" y de poner coto a los alquileres privados, sobre todo al de las plataformas electrónicas, declara a Efe.
El denominado alquiler entre particulares es un fenómeno que está empezando a causar estratos también en Grecia.
Según Karamolengos, las plataformas electrónicas de alquiler añadieron a la isla 15.000 plazas turísticas, pisos que eran utilizados por médicos, maestros, o incluso sus empleados.
Otro problema, dice, es la falta de personal en los servicios municipales, lo que va en detrimento de un turismo de calidad.
"Santorini consiguió su notoriedad, gracias a la calidad de los servicios de las empresas turísticas. El sector privado hizo y sigue haciendo su trabajo. El Estado debe hacer el suyo", asevera.
