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El CES apuesta por realizar un Pacto Local por el Empleo

Los miembros del Consejo Económico y Social aprueban un documento sobre la crisis

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  • El presidente del CES, Felipe Trigo, durante el pleno en el que se trató la comisión de análisis sobre la crisis. -

El Pleno del Consejo Económico y Social de Sanlúcar (CESS), presidido por Felipe Trigo, se reunió ayer tarde en el Palacio Municipal para abordar las conclusiones de la Comisión de análisis sobre la crisis económica y la destrucción de empleo y para conocer el estado de las obras que se están realizando en la ciudad con cargo a los fondos del ‘Plan E’ del Gobierno de España y del programa Proteja de la Junta de Andalucía.

En las últimas semanas, la citada comisión ha venido trabajando con la información aportada por expertos del Servicio Andaluz de Empleo, de la Universidad, de los sindicatos y empresarios que han comparecido ante los representantes del CES. Tras las diversas reuniones, la comisión ha elaborado un documento de conclusiones que fue aprobado por el Pleno del Consejo Económico y Social, y en la que se recogen una serie de sugerencias a las administraciones central y autonómica, por un lado, y local, por otro.

Entre las medidas propuestas a Gobierno y Junta destacan la ampliación de las prestaciones por desempleo, la implantación de una renta activa de inserción social, y medidas efectivas de protección a las pequeñas y medianas empresas para que sean viables en el futuro, según ha eplicado el presidente del CES, Felipe Trigo.

A nivel municipal, el documento aprobado por el Consejo propone llegar a un Pacto Local por el Empleo en el que las fuerzas políticas aparquen sus diferencias y se concentren en crear oportunidades de empleo para los sanluqueños. “Es la hora del consenso y del acuerdo”, señaló. El pacto propuesto recoge varias medidas, como la declaración de Sanlúcar como Zona de Actuación Especial, como ocurre con las bahías de Cádiz y Algeciras, debido al desempleo estructural y a su pecular situación geográfica -la cercanía de Doñana impide diversas actividades empresariales-; y potenciar los servicios de orientación y reinserción laboral y adaptar la oferta formativa a las demandas de empleo para que muchos trabajadores, en especial de la construcción, puedan reciclarse en otras profesiones.

El Consejo también propone convertir al ciudadano en el centro de la actividad municipal con la creación de una Ventanilla Única y la figura del Defensor del Ciudadano, crear un Centro de Iniciativas Turísticas, abrir un debate público sobre el desarrollo de la ciudad, y crear un plan de modernización y adecuación profesional de los profesionales de los servicios municipales para adaptar la plantilla muncipal a las necesidades actuales.


ESTADO DE LAS OBRAS



Por otra parte, el primer teniente de alcalde, Víctor Mora, acompañado por la gerente de la GMU, Mónica González, comparecieron ante el Pleno del CES para informar de la ejecución de las obras del Plan E y del Proteja, aportando gran cantidad de datos sobre el estado de estos trabajos.

Felipe Trigo ha señalado que el Consejo valora positivamente el trabajo de seguimiento de las obras, el control de los puestos de trabajo que se crean y los que se mantienen, y el que se insista en que en la medida de lo posible, y siempre dentro de la legislación vigente, sean trabajadores inscritos en las oficinas del SAE de Sanlúcar los que participen en estas obras.

Por parte del Consejo se pidió a la gerente de Urbanismo que se arbitren las medidas oportunas para que el impacto que necesariamente han de tener unas obras de esta evergadura, y que van a quedar en la ciudad sin coste alguno para las arcas municipales, sean las estrictamente imprescindibles.

Por último, el representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos Guadalquivir mostró su preocupación por las órdenes judiciales de demolición de viviendas irregulares. En este sentido, el primer teniente de alcalde manifestó que el equipo de Gobierno comparte esa preocupación y explicó que se están haciendo todas las gestiones posibles para que no se lleve a a cabo el derribo, pero sin olvidar que las sentencias firmes de los juzgados hay que cumplirlas o se corre el riesgo de que la autoridad termine siendo condenada e inhabilitada por desacato, por no cumplir lo ordenado por un juez.

No obstante, Víctor Mora explicó que desde la Alcaldía y desde la Gerencia de la GMU se están realizando las gestiones oportunas ante la Direccción General de Inspección de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para abordar de una vez por todas el problema de las viviendas fuera de planeamiento y las distintas circunstancias que se puedan dar en ellas, ya que todas no pueden tener el mismo tratamiento, según Trigo.

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