Las acusaciones del PP- Andalucía sobre presuntos casos de corrupción en la localidades onubenses de Punta Umbría y Almonte ha abierto la batalla política entre populares y socialistas.
Las acusaciones del PP- Andalucía sobre presuntos casos de corrupción en la localidades onubenses de Punta Umbría y Almonte ha abierto la batalla política entre populares y socialistas. Así, El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, afirmó ayer que la provincia de Huelva alberga al “PSOE más tenebroso” de Andalucía en relación a los supuestos casos de corrupción que han protagonizado los dirigentes socialistas en localidades como Almonte o Punta Umbría. Sanz efectuó estas declaraciones en Granada, después de que se hayan hecho públicas unas conversaciones en las que el Ayuntamiento de Punta Umbría, gobernado por el PSOE, supuestamente presionaba a la empresa ‘Ibercons Ingeniería y Construcciones’ para que se retirase, como un favor político, de la licitación de las obras en el núcleo urbano de El Portil, en beneficio de la empresa local de Punta Enebro, a la que finalmente se le adjudicó el contrato a partir de un supuesto escrito de renuncia de la empresa foránea cuya autoría no asume Ibercons. Para el dirigente 'popular' este tipo de asuntos son propios de "un partido que tiene una gran mancha en Andalucía por presunta corrupción" y se hizo eco de la petición de otros miembros del PP para que el PSOE informe sobre las supuestas presiones que se reflejan en las conversaciones. Ante tales acusaciones, La portavoz y secretaria de Política Institucional de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, María José Rodríguez, apuntó que "lo único ilegal" que se ha producido en Punta Umbría es “la grabación de conversaciones privadas, sin autorización de las personas que intervienen en ella”. En rueda de prensa para presentar el manifiesto del PSOE de Huelva para las elecciones europeas del 7 de junio ‘Huelva en Europa’, María José Rodríguez señaló que “el que tiene que dar explicaciones es quien graba esta conversación”, un hecho al que calificó como “ilegal y delictivo”. En este sentido, indicó que “quien entienda que existe una irregularidad tiene el derecho y hasta la obligación de acudir a la Justicia, pero no a un periódico”, a lo que añadió que “existe una indudable coincidencia causal entre esta noticia, que tuvo lugar hace muchos meses, y el inicio de una campaña electoral, algo que no se le escapa al PSOE ni a los ciudadanos”. En cuanto al comportamiento de los responsables políticos de Punta, señaló que “las puertas de la Justicia están abiertas”, indicando además que el PSOE “puede entender que en una situación de crisis haya quien desde un gobierno legítimamente, intente hacer un reparto equitativo en defensa de los intereses de la empresa y de los trabajadores de su pueblo”. Por último, dejó claro que “no se da por cierto la noticia, ya que el hecho de grabar una conversación e irse a un periódico no parece que busque en absoluto la restitución de lo que se considere perjudicado en este asunto”.