La jueza de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, ha reclamado al Ministerio de Trabajo que informe de las cantidades que se hayan podido a abonar a los mediadores o agentes de seguros por las pólizas de prejubilaciones concedidas en 2003 a los trabajadores de la Faja Pirítica de Huelva.
En una providencia fechada el 7 de septiembre, la magistrada respalda la petición realizada el 13 de julio por la Fiscalía y reclama información sobre las cantidades que "como consecuencia de la negociación y formalización" de dichas pólizas abonadas "a mediadores o agentes de seguros, en su caso por cualquier concepto".
En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, María Núñez realiza esta petición a la Subdirección General de Programación y Actualización Administrativa de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y se produce tras conocerse ayer un informe de la Guardia Civil sobre la actuación del Ministerio en dichas prejubilaciones.
En un escrito entregado por la Guardia Civil al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que investiga las irregularidades de los ERE, se indica que las ayudas se concedieron por la Junta de Andalucía y el Ministerio para los mayores de 55 años de la zona minera, aunque centra sus pesquisas en las concedidas por el Gobierno cuando gobernaba el PP.
En su providencia del pasado 7 de septiembre, la jueza pide al Ministerio de Trabajo que detalle todos los expedientes de sociedades englobadas en Faja Pirítica en los que la sociedad Atlantis Asesores S.A. ha prestado sus servicios "especificando en qué consistieron los mismos".
Se requiere de la Subdirección información relativa a los "contratos base" de dichos servicios, detalle de facturación y forma de pago de los mismos, si eso les constara a dicho organismo.
Por el contrario, la jueza ha rechazado la petición del exdirector general de Empleo Daniel Rivera, de que sean citados a declarar en calidad de testigos el exministro Eduardo Zaplana y los exdelegados del Gobierno Juan Ignacio Zoido y Carmen Crespo, además de los funcionarios adscritos a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva que suscribieron el atestado del 19 de marzo de 2015.
La defensa de Rivera reclamaba a la magistrada la declaración de Crespo como testigo para que explicara si, por su parte, hubo "bloqueos de información y documentación requeridas" por la comisión de investigación parlamentaria que se creó en 2012 sobre los ERE falsos, y en el caso de Zoido como delegado del Gobierno cuando se tramitaron las pólizas de los extrabajadores de la Franja Pirítica.
En el caso de Zaplana, la defensa de Rivera pedía su comparecencia ante la jueza como ministro de Trabajo en el momento en el que se tramitaron dichas prejubilaciones.
SANZ DICE QUE NO SE IMPIDIÓ NI NEGÓ INFORMACIÓN ALGUNA SOBRE LA FAJA PIRÍTICA
Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha dicho que "no se ha impedido ni negado ningún tipo de información" en la investigación de la presunta prevaricación y malversación con subvenciones para prejubilaciones que dio en 2003 el Ministerio de Trabajo tras la crisis de la minería en la Faja Pirítica de Huelva.
Sanz ha explicado este jueves a los periodistas que el Juzgado número 6 de Huelva ha reclamado información de los expedientes de regulación de empleo de la Faja Pirítica, en concreto documentos vinculados al Instituto Nacional de la Seguridad Social que actualmente están recopilando.
"El Gobierno no tiene nada que ocultar" en este caso, ha reiterado el representante andaluz del Ejecutivo central tras la toma de posesión del nuevo Subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones.
Ha insistido en que no se ocultó ni impidió información a las fuerzas de seguridad del Estado ni a la juez y que actualmente están culminando el proceso de recopilación de todos esos datos para cumplir con el auto judicial de solicitud.
