El juez que investiga la muerte de la joven Marta del Castillo ha rechazado la petición policial de prorrogar un mes las escuchas telefónicas a María G. M, novia de uno de los imputados, y ha levantado la totalidad del secreto sumarial, informaron ayer a Efe fuentes del caso. 


El juez de instrucción 4 de Sevilla ha emitido además un auto en el que deniega la petición de Francisco Javier D. M, hermano mayor del asesino confeso, de someterse al polígrafo o máquina de la verdad, ya que no se trata de una prueba pericial reconocida por el ordenamiento jurídico español y además no puede suplantar la función de un juez de valorar la credibilidad de un testimonio. 


Las fuentes añadieron que, en el auto notificado ayer a las partes, el juez argumenta que la posibilidad de pedir pruebas "no es un derecho ilimitado" de los imputados. 


También rechaza la petición del abogado de Francisco Javier de realizar careos "a tres bandas" entre su cliente, su hermano Miguel C. D. y el menor de edad Javier G. M, porque no hay contradicciones en sus respectivas declaraciones que deban ser confrontadas en un careo. 


Las fuentes recordaron que tanto Miguel como Francisco Javier han negado en todo momento que el hermano mayor estuviese en el piso de la calle León XIII de Sevilla donde supuestamente se cometió el crimen o que tuviese conocimiento de él con posterioridad, mientras que el menor de edad, que en su primera declaración judicial le situó en el lugar del homicidio, se desdijo posteriormente. 


El abogado de Francisco Javier anunció a Efe que va a recurrir ante la Audiencia sevillana la denegación de sus pruebas. 


Secreto de sumario sobre la correspondencia y las escuchas


El juez también levantó el secreto que pesaba sobre una parte del sumario, que se refería a la intervención de correspondencia y llamadas telefónicas a los cinco imputados, y que aparentemente no ha arrojado luz sobre las circunstancias en que se produjo el crimen, el pasado 24 de enero, ni sobre el lugar donde fue arrojado el cuerpo de la víctima. 


La Policía, que durante un mes mantuvo intervenido el teléfono de María G. M, novia de Francisco Javier imputada desde el pasado 4 de mayo, solicitó al juez una prórroga de un mes que éste rechaza en su último auto. 


Según las fuentes, el juez argumenta el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones que garantiza la Constitución e indica que no se puede prolongar una investigación basada únicamente en "conjeturas".
Las intervenciones telefónicas a los imputados llevaron el jueves pasado a un registro del domicilio de Samuel B. P, amigo del asesino confeso que está acusado de ayudarle a deshacerse del cuerpo de Marta, en busca de un supuesto anillo de la joven asesinada. 


El registro fue fruto de una conversación intervenida entre Samuel y su madre en la que se referían a un anillo que el joven tenía guardado en una riñonera, pero luego se supo que se referían a un sello de oro, propiedad del padre de Samuel, que el joven utilizó en el verano de 2008 y del que se apoderó Miguel. 


Fuentes del caso informaron ayer a Efe de que la instrucción del caso se encuentra casi terminada y en breve el juez emitirá un auto transformando las diligencias en un sumario para ser enjuiciado ante una sala de la Audiencia de Sevilla. 


Pese a que inicialmente el caso se orientó hacia un juicio con jurado, al tratarse de un presunto homicidio, la posterior declaración de Miguel C. D. en la que confesó haber violado a Marta lo convierte en un juicio que debe ser visto por un tribunal profesional de la Audiencia. 


Carta del abuelo de Marta a Caamaño


Por otro lado, el l abuelo de Marta del Castillo, José Antonio Casanueva Gutiérrez, ha enviado una carta al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en la que lamenta su defensa del "derecho a mentir" de los acusados en el caso del asesinato de su nieta. 


En la carta, el abuelo de Marta manifiesta: "El malestar de mi familia, el mío propio y el de los ciudadanos" ante unas declaraciones del ministro a TVE en las que defendía el derecho a mentir en su defensa de los imputados en el caso. 


"Sin embargo los demás seríamos acusados de perjurio y por lo tanto penados (muy justo)", añade José Antonio Casanueva, que pregunta al ministro: "¿donde están los derechos de mi nieta y de otras víctimas y sus familias que sufrimos esta cadena perpetua?". 


El abuelo de Marta finaliza su misiva diciendo a Caamaño que le gustaría que "leyese los cientos de cartas que ha recibido de todo el país en apoyo al cambio de estas leyes", ya que cree que el ministro cambiaria de criterio por su "desafortunada intervención".