La Junta ha de cumplir la ley con la declaración de Municipio Turístico

La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pasado viernes, 17 de abril, de la declaración del municipio de Almonte, en Huelva, como Municipio Turístico de Andalucía, pone en evidencia, una vez más, la política sectaria del gobierno de Manuel Chaves. Su última medida, días después de tomar de posesión en Madrid, ha sido reconocer un nuevo Municipio, gobernado por el PSOE, claro está. 

Evidencia así la discrecionalidad e intencionalidad política con que ha otorgado estas declaraciones. Desde los primeros reconocimientos hasta éste último, ratificado en el BOJA diez días después de formalizar su renuncia al acta de parlamentario y por tanto, escenificar su huida precipitada a Madrid, dejando vacante su cargo de Presidente de la Junta. 

Se ha caracterizado el régimen clientelar de Chaves, entre otras cosas, por la utilización partidista de la Administración autonómica, que no ha dudado en poner al servicio de los intereses políticos del PSOE. Así, ha convertido a los delegados de la Junta en la verdadera oposición a los gobiernos municipales donde no gobierna el PSOE. En ese sentido, Almuñécar ha padecido, como decenas de municipios andaluces donde los votantes han querido que los socialistas estén en la oposición, un permanente obstáculo a los proyectos de desarrollo y futuro que planteaban. Incluso escamoteando los derechos y la financiación que por Ley les corresponde. 

Un ejemplo claro, en nuestro caso, es la cacicada del gobierno de Chaves, incumpliendo con la legalidad, al negarse durante años al reconocimiento de nuestra realidad turística. No hay excusas, por lo tanto, para que nuestro municipio siga sin ser declarado Municipio Turístico por el nuevo gobierno presidido por Griñán. 

Si éste piensa cumplir su compromiso con el cambio y con un nuevo rumbo en la política andaluza, manifestado en su discurso de investidura, el flamante Presidente debe acabar con esta ilegalidad. Almuñécar y La Herradura cumplen con todos los requisitos para esta declaración. Es, además, el único que lo cumple en la provincia de Granada. El expediente ha de ser rescatado del cajón olvidado de la consejería donde se encuentra, para que el nuevo gobierno cumpla la Ley y haga justicia.