El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha garantizado este martes que habrá "acuerdo" en el seno del Ejecutivo entre los dos socios, PSOE-A e IULV-CA, sobre el asunto de la regularización de viviendas, de manera que se aprobará la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para posibilitar esa medida.
Así de tajante ha sido el portavoz en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde también ha informado de que IULV-CA, tanto en el ámbito del Gobierno como del partido y del grupo parlamentario, "tenía conocimiento" de esta propuesta de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que la dio a conocer la pasada semana durante su intervención inicial en el Debate sobre el Estado de la Comunidad.
"Es un propuesta conocida, si bien es necesario trabajarla y estamos en eso, creando un clima de trabajo y de diálogo para que esta propuesta salga adelante", según ha sentenciado el portavoz, convencido de que se va a conseguir el acuerdo.
A este respecto, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha explicado que desde hace tiempo tanto su consejería como la de Fomento y Vivienda, en manos de Elena Cortés (IULV-CA), llevan tiempo trabajando y dialogando sobre este asunto, que es "complejo y complicado", para lograr un "consenso".
Ha insistido en que es un tema que necesita de mucho diálogo y ha expresado su respeto a la posición de IULV-CA, que solicitó más información sobre esta medida y en ello se está, apuntando que el Gobierno andaluz "tiene que dar respuesta a las necesidades y problemas que plantean los ciudadanos".
Serrano ha señalado que la medida sobre la regularización de viviendas pretende dar respuesta a una demanda de ciudadanos y de muchos ayuntamientos de todo signo político, incluidos algunos de IULV-CA. "Estoy segura de que con consenso y con diálogo, llegaremos al acuerdo, según ha expresado.
La consejera no ha querido dar detalles sobre el contenido de la negociación entre ambas consejerías, porque son de "ámbito interno" y ha asegurado que la medida que se ha puesto sobre la mesa está "muy clara: no se trata ni de una amnistía ni de una legalización".
Ha señalado que no se pueden confundir los términos legalización y regularización, apuntando que lo que está planteando la Junta está enmarcado en el decreto que el Gobierno andaluz ya aprobó hace dos años para la regularización de miles de viviendas edificadas en suelos no urbanizables.
Serrano ha garantizado, ante la nueva medida que se ha puesto sobre la mesa para regularizar viviendas, que la Junta sigue manteniendo que no se puede construir en el campo, que es un delito, y que no se puede construir sin licencia, sino que hay cumplir con la LOUA, que es una norma eficaz.
También es importante, según ha señalado, que los ayuntamientos cumplan con sus competencias en materia de disciplina urbanística.
Sin embargo, la consejera ha señalado que hay que dar respuesta a una realidad, que es la de miles de viviendas, se calcula que unas 25.000 actualmente, que se encuentran en suelos no urbanizables y a las que no se pudo dar respuesta con el decreto de 2012.
Por ello, ahora se plantea una modificación puntual de la LOUA para poder regularizar esas viviendas, que no es igual que "legalizar". Ha explicado que la regularización consiste en que la edificación se pueda acoger a la figura del "asimilado a fuera de ordenación", prevista en la LOUA, con una "vocación de tender a desaparecer", porque esa construcción no se podrá ampliar ni reformar, sino que solo se podrá regularizar para "sacarla de ese limbo jurídico" y sus habitantes puedan acceder a los servicios básicos de luz y agua o realizar reformas puntuales para mantener las condiciones de salubridad y habitabilidad.
"Por tanto, no es una amnistía, sino un problema puntual que se ha detectado", según la consejera, que ha insistido en que nada tiene que ver esa medida con la legalización de una vivienda y que, en modo alguno, va a haber "efecto llamada". Ha puesto el acento en que una vivienda que sea objeto de regularización no puede estar ni en suelo de especial protección ni inundable, al tiempo que tendrá que haber pasado plazo para cualquier acción de manera disciplinaria tanto desde el punto de vista administrativo como penal.
Así, la edificación tendrá que estar prescrita, lo que se consigue si tiene más de seis años y no tiene abierto ningún expediente ni desde el punto de vista penal ni administrativo.
Preguntada sobre el hecho de que Ecologistas en Acción haya lamentado que la Junta apueste por el "urbanismo ilegal" y dé "impunidad a constructores ilegales" o "delincuentes urbanísticos", la consejera ha señalado que respeta la opinión de ese colectivo, pero que debería informarse bien de lo que está haciendo la Junta.
"Yo creo y comparto con los ecologistas que pueden llegar a ser delincuentes urbanísticos, pero hay que darle una respuesta a la realidad que tenemos", ha señalado María Jesús Serrano.
