El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado la tramitación del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, una norma que aspira a ser más ambiciosa que la Ley de Memoria Histórica Estatal y con la que pretende saldar deudas con las víctimas de la represión franquista.

El viceconsejero de Administración Local, José Luis Pérez, ha explicado en la capital los pormenores de esta nueva Ley.

Entre otras medidas, el anteproyecto fija un plazo de 18 meses para retirar los escudos, placas u otros símbolos –como es el caso del nombre de las vías públicas, que exalten el golpe de 1936 o la dictadura.

Asimismo, la normativa contempla llevar a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas. Para ello, se elaborará un plan específico cada cuatro años.

El incumplimiento de la Ley supondrá infracciones, en virtud de su gravedad, de entre 200 hasta 150.000 euros.