El jurado se reafirma en su decisión de conceder el premio a Álvaro Uribe
Sus miembros apelan al ?contexto? para entender el fallo
Miguel González Saucedo tilda de ?chorradas? las críticas ?con la que está cayendo?
La oleada de críticas suscitada a raíz del Premio a la Libertad Cortes de Cádiz concedido al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, no parece afectar a los miembros del jurado que adoptaron el polémico fallo. Estas personas, lejos de plantearse una rectificación o la idea de dar marcha atrás, se muestran convencidas de lo “acertado” de su elección, que no dudan en defender con ahínco.
Al igual que hiciera en el Pleno de febrero, cuando IU propuso la retirada de este galardón, la alcaldesa volvió ayer a proclamar la “independencia” de dicho tribunal, cuya presidencia recayó en ella misma, y negó tajantemente que la condecoración al controvertido mandatario suramericano estuviese fundamentada en algún motivo de carácter político.
Pero, además de Teófila Martínez, otros dos miembros del jurado justificaron ayer a este periódico el veredicto acordado. Tanto el director de la Real Academia Hispano Americana, Rafael Sánchez Saus, como el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Miguel González Saucedo, recalcaron la “unanimidad” que esta figura concitó entre los integrantes de la comisión designada para este menester y rechazaron la influencia de cualquier “presión externa”.
El primero de ellos llegó incluso a minimizar la importancia de las numerosas denuncias por violación de derechos humanos que pesan sobre el presidente colombiano. Y es que, a su entender, la trayectoria de este individuo “hay que analizarla en su contexto”, pues no gobierna “en la Suiza del Caribe”, sino en un país “con muchos problemas”. Es más, agregó que la situación ha mejorado “visiblemente” en los últimos años gracias a su gestión.
Por su parte, el jefe de la patronal gaditana apeló a la “presunción de inocencia” de Uribe: “Que yo sepa no se encuentra en la cárcel ni lo ha condenado un tribunal internacional”, aseveró.
González Saucedo reconoció que en un principio se barajó el nombre de Ingrid Betancourt, la política colombiana que permaneció secuestrada por las FARC durante seis años. “Pero después pensamos más apropiado otorgar el reconocimiento al principal artífice de su liberación”, precisó.
El máximo responsable de la CEC dijo respetar “todas las opiniones”, aunque vaticinó las “mismas reacciones adversas” si la condecoración hubiera ido a parar a “Evo Morales, Hugo Chávez o Fidel Castro”. En cualquier caso, recomendó a quienes se oponen a tal distinción “que organicen otro premio y se lo dediquen a quien estimen conveniente”.
Por último, Saucedo se refirió a la crisis económica reinante para lamentar que, “con la que está cayendo”, haya organizaciones dispuestas a “discutir estas chorradas”.
"EL GALARDONADO ES CASI UN DICTADOR"
Ajenos a las declaraciones de los miembros del jurado, la plataforma surgida en Cádiz para expresar el rechazo a esta distinción entregó ayer en el Ayuntamiento las firmas de 160 colectivos que se oponen a que Uribe reciba un premio por sus presuntos esfuerzos en pro de la libertad. Estas rúbricas iban acompañadas de una carta dirigida a la alcaldesa para pedirle la retirada del galardón y un informe sobre la vulneración de los derechos humanos que se cometen en Colombia bajo el mandato de su presidente actual.
“Para nosotros se trata de una elección inmerecida, injusta y que denigra al propio premio”, indicó el portavoz de la campaña, Rafael Lara, quien calificó de “casi dictador” al condecorado y recordó sus vínculos con el mundo del paramilitarismo y la corrupción. “No representa, en definitiva, un ejemplo para la democracia” remachó. Y anunció más acciones si el Ayuntamiento no atiende “esta sensibilidad”.
Al igual que hiciera en el Pleno de febrero, cuando IU propuso la retirada de este galardón, la alcaldesa volvió ayer a proclamar la “independencia” de dicho tribunal, cuya presidencia recayó en ella misma, y negó tajantemente que la condecoración al controvertido mandatario suramericano estuviese fundamentada en algún motivo de carácter político.
Pero, además de Teófila Martínez, otros dos miembros del jurado justificaron ayer a este periódico el veredicto acordado. Tanto el director de la Real Academia Hispano Americana, Rafael Sánchez Saus, como el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Miguel González Saucedo, recalcaron la “unanimidad” que esta figura concitó entre los integrantes de la comisión designada para este menester y rechazaron la influencia de cualquier “presión externa”.
El primero de ellos llegó incluso a minimizar la importancia de las numerosas denuncias por violación de derechos humanos que pesan sobre el presidente colombiano. Y es que, a su entender, la trayectoria de este individuo “hay que analizarla en su contexto”, pues no gobierna “en la Suiza del Caribe”, sino en un país “con muchos problemas”. Es más, agregó que la situación ha mejorado “visiblemente” en los últimos años gracias a su gestión.
Por su parte, el jefe de la patronal gaditana apeló a la “presunción de inocencia” de Uribe: “Que yo sepa no se encuentra en la cárcel ni lo ha condenado un tribunal internacional”, aseveró.
González Saucedo reconoció que en un principio se barajó el nombre de Ingrid Betancourt, la política colombiana que permaneció secuestrada por las FARC durante seis años. “Pero después pensamos más apropiado otorgar el reconocimiento al principal artífice de su liberación”, precisó.
El máximo responsable de la CEC dijo respetar “todas las opiniones”, aunque vaticinó las “mismas reacciones adversas” si la condecoración hubiera ido a parar a “Evo Morales, Hugo Chávez o Fidel Castro”. En cualquier caso, recomendó a quienes se oponen a tal distinción “que organicen otro premio y se lo dediquen a quien estimen conveniente”.
Por último, Saucedo se refirió a la crisis económica reinante para lamentar que, “con la que está cayendo”, haya organizaciones dispuestas a “discutir estas chorradas”.
"EL GALARDONADO ES CASI UN DICTADOR"
Ajenos a las declaraciones de los miembros del jurado, la plataforma surgida en Cádiz para expresar el rechazo a esta distinción entregó ayer en el Ayuntamiento las firmas de 160 colectivos que se oponen a que Uribe reciba un premio por sus presuntos esfuerzos en pro de la libertad. Estas rúbricas iban acompañadas de una carta dirigida a la alcaldesa para pedirle la retirada del galardón y un informe sobre la vulneración de los derechos humanos que se cometen en Colombia bajo el mandato de su presidente actual.
“Para nosotros se trata de una elección inmerecida, injusta y que denigra al propio premio”, indicó el portavoz de la campaña, Rafael Lara, quien calificó de “casi dictador” al condecorado y recordó sus vínculos con el mundo del paramilitarismo y la corrupción. “No representa, en definitiva, un ejemplo para la democracia” remachó. Y anunció más acciones si el Ayuntamiento no atiende “esta sensibilidad”.
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