El 21 de Octubre de cada año, quedará marcado de ahora en adelante como el Día de la Infamia. Aquella infausta fecha en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España como nación que los incumple, al haber mantenido en prisión a una condenada, Inés del Río, por plazo superior al prescrito en su condena. Cuando cualquier español se pregunte cuál había su delito, se asombrará al saber que fueron 24 los asesinatos cometidos por esta “patriota”. Y al calcular que cada asesinato ha costado a Inés poco más de un año de privación de libertad -de acuerdo con la sentencia europea que anula la aplicación de la doctrina Parot- quedará confuso, casi alucinado. Y, lo más tremendo, es que Estrasburgo lleva toda la razón, porque la aplicación de los criterios Parot (que reducen los beneficios de redención de penas al referirlos a la totalidad de la condena) se ha hecho con retroactividad.
Uno, que por la Justicia siente el mayor respeto, descubre de pronto que en nuestro país ha fracasado ruidosamente: no es capaz de adaptar el castigo del reo proporcionalmente a la magnitud de la culpa. Y, como mínimo, exige el conocimiento y la repulsión de los culpables de tamaño error. En el capítulo de petición de cuentas, figuran los políticos predilectamente y no todos los partidos en igual grado. Sin ninguna duda, gran número de etarras fueron capturados, enjuiciados y condenados según el código penal franquista: cuando el PP de modo reiterado quiso introducir la categoría de prisión permanente revisable, es decir, cadena perpetua, fue rechazado de forma sistemática por la izquierda en el poder. Hubo que recurrir a imposición de la doctrina Parot retroactivamente, a sabiendas de que se montaba un frágil castillo de naipes. Y se llegó por fin a la negociación con ETA ofreciéndole la abolición de tal normativa como prenda para la finalización del conflicto. No contentos con ello (y con el chivatazo del bar Faisán), el PSOE propuso y consiguió nombrar como miembro español del Tribunal de Estrasburgo al que había sido secretario de Estado de Justicia, el socialista Luis López Guerra (destacado por defender a Arnaldo Otegi, cuando consideró que llamar al Rey “jefe de los torturadores” era sólo un ejercicio de libertad de expresión). Guerra ha resultado decisivo para convencer al resto del Tribunal de la necesidad de acabar con el Parot español y dejar en evidencia a España por su política penitenciaria. Por lo demás, ha resultado llamativa la presteza de la Audiencia Nacional en cumplimentar las exigencias europeas. ¡En menos de horas veinticuatro!
El futuro es negro, porque desde ya un reguero de los peores criminales encarcelados va a irse reintegrando con rapidez en la sociedad y quién sabe si a proseguir sus nefastas actividades. Me pregunto si habrá suficiente grado de bonhomía para que los Altos Tribunales entonen la palinodia y dimitan y los políticos confiesen sus culpas y enderecen su altura de miras. O se vayan.
Pero España, en cualquier caso, pierde. Inés del Río se ha convertido en paradigma.
