El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha rechazado rotundamente que la actuación del sindicato en los expediente de regulación de empleo en la década pasada haya sido la búsqueda del lucro "mal que le pese a los que intentan homologar a los sindicatos con los agentes, aseguradoras o intermediarios que sí tienen una clara finalidad de lucro" al mismo tiempo que intentan "una estrategia de desprestigio y linchamiento en un contexto donde hay a quien el sindicato le sobra".

     Así, en una entrevista concedida a Europa Press, Pastrana ha hecho hincapié en que la imagen que se quiere proyectar de los sindicatos "no tiene nada que ver " con la actuación real del mismo, "no tiene nada que ver con el trabajo desarrollado a lo largo de toda una década".

     De esta manera, ha subrayado que el trabajo sindical en empresas en crisis "nada tiene que ver con el lucro" y es que "para empezar" la actuación del sindicato tiene "cobertura constitucional y está recogida en el Estatuto de Autonomía de Andalucía". No obstante, ha destacado que "hay mentiras" que se han ido diciendo a lo largo del proceso del caso ERE que son fruto "de la estrategia de los últimos imputados, otras de valoraciones políticas y otras que se hacen desde el ámbito judicial".

   En este sentido, el líder sindical ha advertido de que cae en "una mentira" quien diga que "el sindicato no ha hecho nada en la última década" y ha instado a revisar en las hemerotecas los acuerdos firmados en empresas en crisis y constatar los resultados, ya que, "fruto del trabajo sindical, hay en Andalucía más de 30.000 personas que en su día recibieron ayudas, de distintas modalidades, y que gracias a ello no están en la pobreza".

   Según ha detallado, de esas 30.000 personas, unas 6.400 fueron prejubiladas, por lo que ha querido "desmentir el mito" de que "en Andalucía se ha prejubilado todo el mundo" y también de que "ha habido más expedientes de prejubilación que en ningún sitio".

   En concreto, Pastrana ha detallado que entre las diferentes ayudas que se pueden establecer en torno a un ERE están las ayudas a empresas en un momento de crisis, que permitieron que éstas continuarán hacia adelante; pero en los casos en que la empresa quiebra definitivamente, los sindicatos promueven el conflicto para "forzar la participación de las administraciones públicas, a veces las tres --central, autonómica y local--", y la actuación sindical pasa por "pelear" por indemnizaciones "dignas" para los trabajadores, ayudas sociolaborales temporales, ayudas para la recualificación, recolocaciones y "finalmente las prejubilaciones para los casos y para los trabajadores que cumplían los requisitos de edad y cotización".

   En este último caso, ante la prejubilación, Pastrana ha indicado que la labor sindical en un expediente de prejubilación se basa "en garantizar que el trabajador reciba hasta su jubilación una cantidad lo más próxima posible al salario que venía recibiendo y que tenga asegurada la cotización para poder jubilarse".

"LA DÉCADA MÁS CONFLICTIVA"

   "La actuación del sindicato ante un ERE se inicia con la presión, la manifestación y la movilización por lo que, por contra de lo que se dice que las ayudas sociolaborales fueron para comprar la 'paz social', en realidad la década pasada ha sido la más conflictiva de las últimas tres".

   Tras esto, ha detallado que si en el proceso de desarrollo del expediente de prejubilación existía la empresa "normalmente no estaba dispuesta a poner dinero o poner lo mínimo posible", pero si no existe la empresa, "tienes que arrancarle a la Administración la parte del dinero que hace falta para las prejubilaciones", pero, según ha señalado, "tampoco es que el conjunto de la dotación de la póliza sea dinero que salga de las arcas públicas, sino que el trabajador coloca también su indemnización".

   Una vez que se llega al acuerdo, el trabajo sindical consiste en obtener de todos los trabajadores "todo aquello necesario para poder organizar las pólizas de prejubilación y exigir a la Administración que busque a las aseguradoras que se vayan a hacer cargo de las prejubilaciones".

   En este punto, ha enfatizado que "por mandado legal" entidades de confianza de los sindicatos y de los trabajadores, cualificadas expresamente para ello, deben contrastar las evaluaciones que las aseguradoras hacen de las prejubilaciones. Esto, ha explicado, es así porque "habitualmente las aseguradoras tienden a buscar el máximo beneficio posible a costa de los asegurados y si el sindicato no contrasta con medios técnicos cualificados las evaluaciones realizadas por las aseguradoras y sus intermediarios nos podemos encontrar con que hayan hecho cálculos a la baja incrementando su beneficio".

ENTRE UN 0,5 Y 1%, "AQUÍ Y EN LUGO"

   Esta labor es un "trabajo técnico cualificado y costoso" por el que "las entidades pueden cobrar", en concreto, "si existe empresa, de la empresa, pero en el caso de que no existe, se cobra del margen del beneficio de la aseguradora, no del dinero público" y, según ha destacado, "las entidades técnicas de los sindicatos reciben entre el 0,5 o el 1 por ciento".

   En este sentido, afirma que esto es "aquí y en Lugo", es decir, "se hace aquí y en el expediente de regulación de empleo de la SEAT en Barcelona", por lo que ha desmentido que "si ha habido un incremento de los porcentajes de beneficio de las aseguradoras sea porque los actuarios, es decir, estas entidades técnicas propuestas por los sindicatos, hayan actuado de manera distinta en Andalucía a como lo hacen en cualquier otro ERE en el país".

   Pastrana ha destacado que este sistema, donde las Administraciones Públicas aportan dinero en estas situaciones, "no es algo singular de Andalucía", sino que "se puso en marcha a mediados de los 80 por el Gobierno central".

   Asimismo, ha apuntado que como secretario general desconoce lo que los instrumentos técnicos del sindicato hayan facturado porque "no entra en sus competencias y porque UGT-A, como estructura territorial, nunca ha intervenido en la negociación de un ERE". Aquí, ha apuntado que son las federaciones, las estructuras sectoriales, las que desarrollan el trabajo" y son éstas las que tienen actuarios y no UGT-A.

   "Ni conocemos la actuación de los actuarios, ni hemos recibido nunca ningún dinero procedente del trabajo realizado en los ERE. Ni directa ni indirecta, ni legal ni ilegal. Siempre sea ha actuado dentro de la ley, salvo que se demuestre lo contrario, lo cual será una sorpresa para mí", ha subrayado.

NIEGA QUE SINDICATOS IMPUSIERAN ASEGURADORAS

   Por otra parte, ha considerado una "simpleza" pensar que los sindicato se dedican a buscar empresas en crisis para ponerlas en manos de las aseguradoras y ha negado que UGT-A las haya impuesto. "La Administración pública habrá hecho o no dejación de sus funciones, pero le corresponde a ella ante un ERE establecer un sistema por el cual el mayor número de aseguradoras oferten sobren la poliza", ha señalado.

   Así, ha indicado que en una comisión de selección, con participación "siempre" de la Administración, se elige la oferta "más barata y la que más garantías dé para el aseguramiento de los trabajadores". En esta tarea, "los sindicatos han participado en algunos casos, pero en otros no", ya que "la Administración tiene competencia para hacerlo en solitario". No obstante, señala que es "normal" que éste participe ya que "parte de la póliza de prejubilación se configuraba con el dinero de indemnización de los propios trabajadores".

   Ante quienes plantean que "sólo se le han dado expedientes a una aseguradora", apunta que "este tipo de pólizas no parecen tan atractivas para las aseguradoras porque una parte del dinero, en caso de desaparición de la empresa, llega de la Administración y, por lo general, son malas pagadoras".