El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha mantenido este miércoles que los sindicatos son "víctimas" en el caso de los ERE fraudulentos andaluces, ha rechazado cualquier vínculo de la organización con las personas implicadas en la trama y ha criticado que se intente "deslegitimar" a las organizaciones sindicales.

   En la rueda de prensa en la que ha presentado el 41 Congreso Confederal de UGT, ha señalado que tiene la "mente clara" y la "conciencia tranquila" en este aspecto, además de plena confianza, a carta cabal, en los dirigentes del sindicato". Asimismo, ha recalcado que su sindicato colaborará con la Justicia y ha pedido que el proceso se acelere "lo mas posible para que la verdad resplandezca".

   Sobre el exsindicalista Juan Lanzas, ha dicho que se desvinculó de UGT en el año 2002 porque "sabía" que en el sindicato "no tienen cabida comportamientos de la naturaleza en los que ha incurrido". "Los sindicatos somos víctimas, no se puede manchar el buen nombre de UGT al hacer generalizaciones, si hay personas, serán personas las que habrían cometido esas irregularidades", ha insistido.

   En este punto, ha criticado la doble "vara de medir" empleada en el tratamiento de diferentes casos de corrupción ya que el "jefe" de Luis Bárcenas en el PP, Mariano Rajoy, mantuvo al extesorero "asalariado" hasta hace pocos meses pese a saberse que tenía una millonaria cuenta en Suiza. "Eso sí es un vínculo evidente", ha dicho.

   "A la hora de hacer un análisis se tienen que utilizar las mismas varas de medir para poder tener credibilidad", ha añadido Méndez para criticar el tratamiento informativo que, a su juicio, algunos han dado a la supuesta implicación de los sindicatos en el caso. "Ni somos comisionistas ni intermediarios, desarrollamos una labor constitucional", ha defendido.

   Además, sobre el auto de la juez Mercedes Alaya en el que se cifra en 4,2 millones de euros las comisiones ilegales que habrían cobrado CCOO y UGT, Méndez ha dicho que la cifra se establece por las declaraciones de uno de los imputados y que no tiene "fundamento" porque se "global" y no se sabe si corresponde a los dos sindicatos o a uno solo. En este sentido, ha defendido que el asesoramiento que se presta para las alternativas que se ofrecen supone unos gastos que se facturan de acuerdo a las leyes.

EL PROBLEMA, MENOS DEL 4%

   Por otro lado, el líder de UGT ha acotado a menos de un cuatro por ciento el número de presuntos intrusos en los ERE y donde "podría estar el problema". Así, ha detallado que desde los años 80 se tomaron decisiones políticas y administrativas para aportar recursos públicos para completar jubilaciones anticipadas y prejubilaciones de las que se han beneficiado 6.473 trabajadores, menos del ocho por ciento del total de afectados por ERE en Andalucía.

   De ellos, según ha proseguido Méndez, más del 96 por ciento "no tienen una sola tacha". "El problema hay que acotarlo y no se puede sobredimensionar de forma maliciosa porque en el momento en el que se desenmarañe se verá que solo afecta al cuatro por ciento", ha recalcado.

   Además, ha rechazado que se traslade que Andalucía es la comunidad de los ERE y que estos son fraudulentos ya que si entre 2001 y 2010 en España había 1.521.000 afectados por ERE, solo el cinco por ciento estaba en la región pese a que el peso relativo en términos económicos de ésta es del del 15 por ciento.

   Por último, preguntado por la Asociación Faja Pirítica de Huelva que fue avalada por el entonces secretario general de la Federación Minerometalúrgica de Comisiones Obreras y hoy secretario general, José Ignacio Fernández Toxo, para las ayudas de las aseguradoras a los trabajadores, Méndez ha defendido que fue una asociación sin ánimo de lucro para cuya creación se pidió un informe técnico y jurídico que fue "avalado" por la Administración Central y la Junta de Andalucía.

   Así, ha concluido defendiendo que se hizo para "salvaguardar" a los trabajadores y que pudieran acceder a su prejubilación.