El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2013, cuyo escenario macroeconómico prevé que la economía andaluza decrecerá un 1,2 por ciento "en términos reales" durante el próximo ejercicio, de forma que se estima que el Producto Interior Bruto (PIB) ascenderá a 146.900 millones de euros para el próximo ejercicio en Andalucía.

   Así lo ha avanzado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, durante la que ha explicado que la Junta ha realizado esta previsión "conservadora" sobre la evolución de la economía andaluza en 2013 a partir de las previsiones incluidas por el Gobierno de la Nación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la zona euro.

   En su exposición sobre el escenario macroeconómico, la consejera ha indicado que la economía mundial "ha vuelto a desacelerarse en 2012 debido a las tensiones en los mercados financieros y de deuda en la Zona Euro".

   Agrega que "aunque en 2013 se espera una recuperación del ritmo de crecimiento, éste será muy moderado en el caso de las economías avanzadas".

   En este contexto, se prevé un decrecimiento de la económica andaluza que será de un -1,4 por ciento, en términos reales en 2012 y de un -1,2 por ciento en 2013.

   La consejera ha hecho referencia a las previsiones mundiales efectuadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), siendo las últimas previsiones efectuadas para la Zona Euro del -0,4 por ciento, frente a un incremento del 5,3 por ciento para las economías emergentes.

   Asimismo, para España, las previsiones de crecimiento para España son, según el escenario margado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), del -1,5 por ciento para 2012 y del -0,5 por ciento para 2013.

   Considera que los factores condicionantes para estas previsiones son las tensiones en los mercados financieros y de deuda soberana y el impacto de las medidas de austeridad en los niveles de crecimiento y empleo.

   La consejera ha apuntado que "las comunidades autónomas por sí mismas tienen escaso margen para estabilizar la economía al no disponer de política monetaria, ni disponer de plena autonomía tributaria y tener limitada su capacidad de déficit, endeudamiento y techo de gasto".

   Asimismo, ha recordado los objetivos de déficit para Administración central, comunidades autónomas y corporaciones locales, de forma que aunque ha reiterado que las cuentas andaluzas "mantienen el compromiso con la estabilidad fiscal", existe un "acusado desequilibrio" en el reparto de los objetivos de déficit entre el Estado (3,8 por ciento del PIB) y las comunidades autónomas (0,7 por ciento), además de las corporaciones locales (cero por ciento).

   "Este reparto rompe desde el minuto uno el equilibrio, se rompió en 2011, tras lo que la brecha se volvió a abrir en 2012 y en 2013, cuando se acentúa aún más la diferencia".

   Apunta que este reparto "no tiene lógica alguna", toda vez que "con ese objetivo piden a las comunidades autónomas que cumplan objetivo de la Ley de Estabilidad objeto de déficit estructural cero para 2020 y nos pide superávit estructural para 2014".

   En ese sentido Martínez Aguayo advierte de que ese planteamiento "está provocando una exigencia y un peso a las comunidades autónomas por encima de lo que les corresponde en su conjunto, es una exigencia desequilibrada entre Estado y comunidades autónomas", tras lo que se remitió a lo expresado por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán en la Conferencia de Presidentes, donde apuntó que la Junta "va a cumplir las exigencias, pero discute el cómo, el quien y el tiempo".

   "Parece que se persigue culpabilizar a las comunidades autónomas en el incumplimiento, poniendo un objetivo difícil, si no imposible, o parece que se quiere desmantelar la red de servicios públicos que tenemos", se lamenta la consejera.

DIVERGENCIAS ENTRE REGIONES

   La consejera agrega que la actual política fiscal "propicia la divergencia económica regional" tanto "por la aplicación del modelo de financiación, por el reparto del déficit, y por la grave disminución de los instrumentos de reequilibrio territorial nacional, como el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), para corregir esos desequilibrios".

   Así, apunta que la divergencia en financiación por habitante "se ha incrementado un 36 por ciento, de 684 a 932 euros entre 2009 y 2010", y agrega que "las comunidades que estamos divergiendo a la baja son las que tenemos un nivel de renta por debajo de la media".

   Considera que esa disminución "es contraria al planteamiento del modelo de financiación, que busca nivelación de servicios y eliminación de divergencias entre comunidades, está pasando lo contrario, y Murcia, Andalucía, Valencia y Canarias son las que van perdiendo posiciones año tras año, no pierde posiciones ni Madrid ni Cataluña ni Baleares".

   Martínez Aguayo lamenta que este reparto del déficit "deja a Andalucía con un 24 por ciento menos de recursos por habitante que la media de las comunidades autónomas y con un 40 por ciento respecto a las de mayor renta".

   La consejera asegura que estos factores "los vienen gritando los organismos internacionales, tanto el FMI como la OCDE, que no son sospechosos de tener ideología radical, y que alertan de efectos contractivos del rápido ajuste fiscal en muchas economías avanzadas, entre ellas la española, que provoca pérdida de confianza de los agentes económicos e inversores en deuda pública y que además advierten de que aumenta la desigualdad entre ingresos mas altos y más bajos y eso es peligroso para la economía, además de las implicaciones éticas y morales que hay que atender" en ese sentido.