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Las entidades intervenidas empezarán a recibir fondos públicos en noviembre

Una vez hayan presentado sus planes de reestructuración y después de que la consultora Oliver Wyman haga públicos, a finales de septiembre, sus informes de valoración individualizada de necesidades de recapitalización

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Las entidades financieras intervenidas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) empezarán a recibir los fondos públicos en noviembre, una vez hayan presentado sus planes de reestructuración y después de que la consultora Oliver Wyman haga públicos, a finales de septiembre, sus informes de valoración individualizada de necesidades de recapitalización.

   Así lo ha avanzado este jueves el ministro de Economía, Luis de Guindos, durante el debate de convalidación del decreto de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, que incorpora a la legislación española las condiciones pactadas con Bruselas para recibir el rescate bancario de 100.000 millones de euros y que están recogidas en el Memorándum de Entendimiento (MoU).

   Los "hitos" en este proceso de recapitalización bancaria, ha señalado De Guindos, comenzarán a finales de septiembre, cuando se conozcan los análisis de la evaluadora independiente respecto de las necesidades de capital de cada entidad financiera española, después de que antes del verano se estimara que en el conjunto del sector harán falta entre 51.000 y 62.000 millones de euros.

   "Esas necesidades banco a banco no tendrán por qué coincidir con las inyecciones necesarias, porque algunos bancos podrán financiarse por sí mismos", ha matizado el ministro.

EL DINERO, A PARTIR DE NOVIEMBRE

    Así, las inyecciones de capital se efectuarán en diferentes momentos en función de a qué grupo pertenezca cada entidad, dentro de la clasificación que establece el MoU.

    En concreto, las entidades del grupo 1 --las intervenidas por el FROB-- deberán presentar sus planes de reestructuración ante la CE a principios de noviembre para, acto seguido, recibir los fondos públicos. Las del grupo 2 --que no pueden asumir sus carencias de capital requerido sin ayudas públicas pero no son a priori inviables-- tendrán hasta final de año para presentar su plan de reestructuración; mientras que las del grupo 3 --que pueden hacer frente a las provisiones por sí mismas-- contarán de plazo hasta junio para demostrar que no necesitan apoyo público.

   Además, De Guindos ha asegurado que, una vez convalidado el decreto ley, se dará orden para iniciar el proceso de constitución de la Sociedad Gestora de Activos (el llamado 'banco malo') que aglutinará los activos inmobiliarios deteriorados, si bien previamente habrá que desarrollar el reglamento de este nuevo organismo, precisando entre otros asuntos qué capital tiene, quién lo aporta y cómo se valoran esos activos.

   El titular de Economía ha apuntado además que, a lo largo del otoño, el Gobierno seguirá trabajando en "otros pasos previstos en el MoU" y desarrollará otros reglamentos pendientes.

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