¿Supervivencia o pura especulación?

Lo realmente importante del conflicto de la Residencia de Ancianos de la Cruz Roja es que van a perder su puesto de trabajo cerca de 70 personas que coinciden con el personal con más años en la empresa y lo que se traduce en menos salida para encontrar trabajo una vez que toquen la oficina del Servicio Andaluz de Empleo.

Ello supone el primero de los tres dramas que vive la ciudad desde que se conoció la intención de la Residencia de Ancianos de la Cruz Roja de presentar el ERE y que ya está haciendo mella en aquellos trabajadores que con medio siglo de vida a sus espaldas ven que es como si se les cerrarán todas las puertas. O sea, que no les quitan su trabajo, sino su propia vida, lo que les da parte de su identidad como personas.

El segundo drama es todavía más sangrante -máxime viniendo de una entidad como Cruz Roja Española- por cuanto el cambio de residencia de la mayor parte de los usuarios actuales supone un trauma difícilmente superable a esas edades, lo que implica un daño psicológico irreversible que sólo van a asumir los propios ancianos y sus familias.

El tercer drama es el que vive -o debe vivir- la ciudad entera al ponerse en peligro la viabilidad de una residencia que se puso en marcha con la participación de muchas personas de forma desinteresada, hasta que los números han acabado convirtiéndola en una simple empresa.

¿Pero qué es lo que hace que una institución como Cruz Roja Española se juegue su prestigio y el cariño de la gente a una sola carta que, dicho sea de paso, está dentro del proceso de aprobación, pero aún no la ha aprobado la Junta de Andalucía?

Las explicaciones de los responsables del centro a los representantes de los trabajadores es que se están perdiendo unos 400.000 euros mensuales y basan esas pérdidas en los contratos de esos trabajadores afectados por el ERE que cobran unos 300 ó 400 euros más que el resto.

Las nóminas de la plantilla se confeccionaban con anterioridad mediante el convenio de clínicas privadas, pero hace alrededor de cinco años se acordó cambiarlo por el de dependencia, aunque manteniéndoles un complemento denominado ad personam (que incluye entre otras cosas la antigüedad) a los trabajadores fijos. Pues bien, siempre según las cuentas de la empresa, esas pérdidas de 400.000 euros vienen por ahí.

Demasidado drástico
Este periódico ha consultado con empresas similares a la Residencia de Ancianos de la Cruz Roja y a ninguno de los responsables que han respondido les salen las cuentas sobre tanta pérdida, aunque sí es cierto que existe un claro desequilibrio, máxime cuando las obras que se están realizando en el centro privan a la residencia de algunas decenas de plazas, lo que se suma a las pérdidas por los derechos laborales.

Sin embargo, lo que sería lógico en estos casos, ante una medida tan drástica como la presentación de un ERE y la llegada de un negociador que sólo está dispuesto a negociar el despido de los trabajadores, hace pensar en otras intenciones distintas que no se van a conocer hasta pasados unos cuantos años.

Y es que las buenas intenciones de Cruz Roja en este ERE han sido puestas en entredicho incluso por las instituciones, comenzando por el Ayuntamiento de San Fernando que no ha visto claras una serie de circunstancias paralelas que permiten la duda razonable de que lo que realmente se busca no es dotar de viabilidad a la residencia, sino una operación especulativa de más calado.

Entre esas circunstantes están, entre otras, el hecho de que el ERE que se presenta no es para sanear la empresa, sino para hacerla más sostenible. O sea, que con los 12 trabajadores que quedarían seguiría siendo deficitaria, aunque menos.

Ahí el alcalde de San Fernando, José Loaiza, ha actuado pronto y ha dejado claro que no lo va a consentir, poniendo a trabajar a los jurídicos de la Casa para intentar encontrar salida a una situación que data de casi treinta años atrás.

Este periódico se ha dirigido al Registro de la Propiedad en San Fernando en donde consta que en 1981 cuando se formalizó el acuerdo entre el Ayuntamiento y Cruz Roja para la cesión de los terrenos y la construcción de la residencia, se pusieron sobre la mesa dos condiciones resolutorias de dicho acuerdo.

Cesión del suelo
La primera de ellas es que a contar desde dicha fecha, es decir desde 1981, Cruz Roja tenía cinco años para que el edificio fuese una realidad. Esta premisa se cumplió, ya que en 1985 la residencia abría sus puertas y, por tanto, lo hacía un año antes del plazo marcado.

La segunda condición, y que es la que siembra todas las dudas, es que durante un plazo de 30 años tenía que estar prestando un servicio de tipo sanitario como el de residencia de ancianos para que los terrenos no volviesen a manos del Ayuntamiento.

O sea, que en este caso y aunque en la actualidad esa cesión en los términos en que está redactada sería absolutamente ilegal porque el Ayuntamiento no puede regalar su patrimonio, el suelo sobre el que se asienta la residencia pasaría a ser de propiedad de la empresa Residencia Cruz Roja Española, con sede en San Fernando.

Para que ese requisito se cumpla y el terreno sea propiedad de la residencia -que tiene su CIF propio aunque pertenezca a la organización nacional que es la que absorbe sus pérdidas- sólo faltan algo más que de tres años, tras los cuales quedarán dirimidas las obligaciones con el Ayuntamiento y Cruz Roja podrá cerrar, alquilar o vender las instalaciones a quien estime conveniente.

Claro que también puede seguir adelante en el caso de que lo único que pretenda con este ERE sea soltar el lastre de los trabajadores que más le cuestan y cambiarlos por otros con condiciones más ventajosas. Además de tener una residencia con 150 plazas, una vez terminadas las obras de ampliación.

Cabe recordar que el ERE planteado por Cruz Roja afecta a los 70 trabajadores y a cerca de 80 residentes, pero la entidad no contempla el cierre total del centro, puesto que quiere mantener la actividad con un número aproximado de doce trabajadores y 25 plazas de residentes, siendo la gran mayoría concertadas (en torno a 20) y el resto privadas.

Ayuntamiento y Junta, unidos
Ante una posibilidad como esta, el Ayuntamiento se ha puesto en lo que puede hacer ahora mismo. Esto es, ver qué resquicio legal puede aplicarse para anular el regalo del suelo a la Cruz Roja y en el caso de que no hubiera posibilidad alguna, asegurarse de que el uso de ese suelo en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) quedara meridianamente claro.

El problema es que el Ayuntamiento tampoco puede llegar mucho más lejos y salvo que pudiera impedir el traspaso de la propiedad de los terrenos en 2015, no así el hecho de que la residencia pase a manos privadas si fueran esas las intenciones mediante la cesión a una empresa previo pago de un canon a Cruz Roja. Y no sería nada nuevo; sólo hay que tener en cuenta que la mismísima residencia de ancianos de San José, otra institución en la ciudad, está siendo gestionada por una empresa privada.

O incluso, siendo el suelo actualmente de uso terciario, cambiar la actividad toda vez que las obras que se están realizando en el ala derecha de la residencia son más parecidas a la actividad clínica que de asilo, según han comentado a este periódico.

A esta defensa de la actividad actual se ha sumado de inmediato la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, que ha puesto las primeras cartas sobre la mesa a los responsables de Cruz Roja. La primera respuesta que ha recibido el negociador que sólo negocia el despido de los trabajadores es que de conservar 20 plazas, nada, y que o se mantienen abiertas las 80 que tiene concertadas con la Junta o se acabó el concierto. Una respuesta que ha sido aplaudida por el alcalde de San Fernando desde el mismo momento en que la Junta dio el golpe sobre la mesa.

La explotación no es deficitaria
Si la Residencia de Ancianos de la Cruz Roja de San Fernando, una entidad con CIF propio aunque pertenezca la organización nacional, quisiera pedir un préstamos en estos momentos, la entidad bancaria procedería a estudiar su cuenta de resultados de los últimos años a través de las bases de datos a las que tienen acceso y que recogen, en teoría, una aproximación lo suficientemente fiable como para tomar la decisión negativa o positiva.

La entidad bancaria encontraría que la residencia isleña registró en el año 2005 unas pérdidas de 51.924 euros; en 2007, de 10.503 euros; en 2008, unas ganancias de 14.555 euros y en 2009 de nuevo pérdidas por valor de 78.273 euros. No existen en esa base de datos los resultados contables de 2010 y 2011 pero sí la constancia de que la empresa no es una ruina.

Si por el contrario se atuviera a los números que constan en la auditoría (todas las empresas de este tipo con un volumen de ‘negocio’ que sobrepase los cuatro millones de euros están obligadas a ser auditadas) que acompaña a la solicitud de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 70 trabajadores, las cuentas que vería el banco sería de 481.195 euros de pérdidas en 2008; 276.159 euros en 2009 y 413.559 euros en 2010.

Esto es, pérdidas suficientes para solicitar una reducción de personal acogiéndose a las facilidades que se otorgan a empresas en crisis, aunque los trabajadores no entienden que ese recorte afecte a un tipo de trabajador determinado y a la totalidad de los trabajadores de ese tipo.

Demasiado significativos
Las diferencias entre los datos que aportan los servicios de la consultora a los que ha tenido acceso este periódico y los que arrojan la auditoría son lo suficientemente significativos para llamar la atención, aunque hay que tener en cuenta que no es lo mismo una empresa normal y corriente que presenta sus balances en el Registro Mercantil que una Organización No Gubernamental, que puede estar sujeta a variantes no aplicables en el primer tipo de balances. Aunque de todas formas y si se limitan a la gestión del servicio que prestan y nada más, demasiado llamativas.

Esa primera cuestión se puede entender porque precisamente los números de la agencia que facilita las cuentas al banco -siguiendo con el ejemplo- se limitan a la explotación de la actividad, mientras que la auditoría tiene en cuenta otros conceptos que dentro de la misma empresa, sobrepasan el ámbito de la explotación y contemplan el estado económico general.

Lo que ha podido conocer este periódico sobre esta primera cuestión para no entender qué está pasando en una residencia de ancianos con casi 90 plazas concertadas, por las que empresas de toda España se darían con un canto en los dientes y de cuya viabilidad existen estudios de universidades esgrimidos por pretendientes a gestionar la residencia isleña, es que hay una obra en unas de las alas del centro con vistas al futuro.

En este aspecto hay que tener en cuenta que Cruz Roja Española y todos sus programas -es como se llama a cada proyecto o empresa que tiene la organización- se nutren de los ingresos que reciben del IRPF -la casilla que se marca en la declaración de la Renta- y de las cantidades que destina la central a ese proyecto de forma finalista.

Esa circunstancia sirve como aclaración a los que esgrimen que no tiene que andar tan mal de dinero la residencia de San Fernando cuando está acometiendo obras de envergadura. Esto es, que si las hace es porque tiene un dinero consignado para hacerlas y que no puede gastarlo en otra cosa distinta, por ejemplo, enjugar las pérdidas en las que se basa el ERE.

Eso no quita que las pérdidas, circunstancialmente, coinciden con el inicio de unas obras en las que se han detectado muchos problemas de ejecución, volviéndose a hacer los mismos trabajos que ya estaban hechon porque se hicieron mal. Mala gestión, vienen diciendo los trabajadores que están en huelga, aunque sea una opinión subjetiva, que pasaría a la cuenta de resultados de la mercantil. 

A río revuelto
Pero como suele decirse, a río revuelto ganancia de pescadores y lo que para San Fernando, por las causas que sean las que han motivado estas pérdidas, es una tragedia, para otras ciudades -e incluso alguna residencia privada de San Fernando que está medio llena- es una oportunidad habida cuenta de que hay 80 plazas por concertar esperando una empresa que reciba los dineros de la Junta.

En Cádiz, concretamente, existe una residencia dispuesta a abrir sus puertas con cargo a la tragedia de San Fernando, amén de las al menos tres ofertas que se han presentado sin saber todavía los condicionantes que tiene la cesión del suelo o pensando a tres años vista, que se pasan en un suspiro.

Los trabajadores estarán a las diez de la mañana del lunes en una nueva jornada de huelga en la puerta de la residencia, mientras que los usuarios de la residencia esperan con las carnes rotas una solución que no pase por el traslado a otro lugar que no sea la que ya es su última casa.