Marín Lara y sus concejales, en libertad con cargos, aseguran que son inocentes

El juzgado instructor de la operación "Acinipo", en la que Anticorrupción investiga asuntos urbanísticos del anterior gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Ronda (Málaga), ha fijado fianzas a los ya exconcejales María José Martín y Rafael Lara de 80.000 y 50.000 euros, respectivamente.

Fuentes judiciales así lo han asegurado hoy después de que el miércoles el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda decretara libertad provisional bajo fianza para ambos, imputados por los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

María José Martín fue delegada municipal de Obras y Urbanismo y Lara de Contratación y Seguridad en el ejecutivo que presidía el exalcalde Antonio María Marín, concejal desde ayer en libertad provisional bajo fianza de 150.000 euros e imputado de los mismos delitos tras ser detenido en esta operación junto a seis personas más.

Los cuatro concejales del PSOE imputados en esta causa han presentado hoy su renuncia al acta de concejal en el registro del consistorio y son los tres políticos mencionados y Francisco Cañestro, que ha dimitido también como diputado provincial y que fue primer teniente de alcalde rondeño.

Cañestro está en libertad sin fianza e imputado de los mismos delitos.

Según ha informado el Ayuntamiento, en el pleno ordinario del próximo miércoles se dará cuenta de las renuncias a la corporación.

Antonio María Marín, que había ejercido hasta ahora como portavoz municipal socialista, ha anunciado que el próximo lunes ofrecerán una rueda de prensa los cuatro sobre los últimos acontecimientos.

Ante estas cuatro renuncias, les corresponde entrar a formar parte de la corporación a los siguientes integrantes de la candidatura electoral: la esposa del exalcalde, Josefa Valle, que ya fue concejal de Empleo y Parques y Jardines en la anterior corporación; Margarita Perujo; Alberto Orozco y Lidia García.

En caso de que renunciara a acceder al puesto la esposa del exalcalde, el siguiente en la lista es Carlos Mirasol.

Los cuatro concejales del PSOE de Ronda (Málaga) que han sido imputados tras una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, por la que fueron detenidos el pasado martes y después quedaron en libertad, han renunciado a sus actas de integrantes de la corporación municipal.

Uno de los concejales, Francisco Cañestro, ha renunciado también al acta de diputado provincial, además de pedir todos ellos sus bajas temporales como militantes socialistas, aunque previamente su formación había suspendido cautelarmente su afiliación.

Además de Cañestro, los imputados son el exalcalde y hasta ahora portavoz del grupo municipal Antonio María Marín; María José Martín y Rafael Lara, a los que se les imputan los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

Los exediles han dado a conocer su decisión -trasladada a la dirección provincial socialista- en respectivos comunicados públicos distribuidos desde el PSOE malagueño horas después de conocerse sus imputaciones tras comparecer ante el juez instructor del caso "Acinipo", que indaga sobre actuaciones urbanísticas llevadas a cabo por el anterior equipo de gobierno municipal.

Antonio María Marín, que deberá pagar una fianza de 150.000 euros en 15 días, ha afirmado que daba "este paso por responsabilidad" y por considerar que es "la mejor forma de afrontar con todas las garantías el proceso judicial" al que se enfrenta, y ha añadido que la decisión confirma el "compromiso con el código ético" que rige en su partido.

Convencido de su inocencia, ha referido que espera estar "pronto trabajando por la ciudad de Ronda y por todos sus ciudadanos y se ha comprometido a "seguir defendiendo" los intereses de la localidad.

Cañestro, ex primer teniente de alcalde rondeño y que había ejercido hasta lo ocurrido como secretario local socialista, ha comentado que ha dimitido "para no dañar los intereses" de su familia, ciudad y partido y "desde el convencimiento de que es lo mejor" para su defensa y para demostrar su inocencia.

Asimismo, ha querido "ser coherente" con la doctrina de su partido, en la que cree "firmemente", y cumplir así con su código ético; por lo que ha agregado que apartarse de la vida política "en estos momentos es lo mejor para todos".

El Cuerpo Nacional de Policía estudia varios convenios urbanísticos suscritos en la etapa del exalcalde, en los que se podrían haber cometido irregularidades penales.

Uno de los ejes de la investigación gira en torno al proyecto de un centro comercial de Eroski -a través de un grupo constructor del municipio- sobre los terrenos del antiguo campo de fútbol municipal y el recinto ferial en una superficie de 34.000 metros, de los que 25.000 serían edificables.

Otros de los expedientes que analizan es el del complejo Los Merinos -que incluye 800 viviendas de lujo, campos de golf y hoteles- y recaban y estudian toda la información incautada sobre expedientes relativos a la zona de La Hoya del Tajo, paraje natural donde hay varias construcciones supuestamente irregulares.