El presidente provincial del PP y diputado autonómico, José Loaiza, anunció ayer que pedirá la comparecencia del consejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta, Luis García Garrido,  en el Parlamento andaluz para que “aclare” la situación “extraña” del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz (CTBC) y las averías de los catamaranes que realizan el transporte marítimo entre Cádiz, El Puerto de Santa María y Rota. Loaiza recordó que el servicio de transporte por catamarán se inició a finales del año 2006 con el barco Bahía de Cádiz 1, incrementándose con el tiempo el número de embarcaciones hasta tres.

En este sentido, pedirá aclaraciones de por qué los catamaranes “no son propiedad del consorcio” --constituido por Junta de Andalucía (45 por ciento), la Diputación Provincial (cinco por ciento) y ayuntamientos (50 por ciento)--, sino que son propiedad de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA).

Según criticó son los municipios quienes tienen que costear el canon de alquiler de los barcos, que cifró en 80.000 euros por barco y año, con lo que “la Junta dice que aporta y luego lo recupera” y lo que consigue es “asfixiar a las arcas municipales con 240.000 euros anuales” para el alquiler de los barcos. Además, desde 2006 hasta la fecha los barcos han sufrido “diez averías, algunas de gravedad” y “todas debidas al sistema de refrigeración” de los catamaranes que construyó el astillero de Navantia y que “tendrían que estar en garantías”.
Loaiza agregó que para reparar el motor del Bahía de Cádiz 2 “tienen que romper el barco”, por lo que “se ha tenido que quitar de la circulación durante tres meses”. En este sentido, preguntó quién se va a hacer cargo de la reparación y del coste de “2.000 euros de alquiler por día” de una embarcación que sustituye a la averiada.
A su juicio, tiene que ser la APPA quien se haga cargo de estos costes de reparación y alquiler, o Navantia si los barcos están en garantía. Loaiza destacó que el PP “no va a permitir que sean los ayuntamientos quienes afronten esos gastos, menos aún en tiempos de crisis”. Por ello, instará al consejero a explicar a qué se deben los “reiterados” problemas de estos barcos, que la Junta se encargue de la reparación y el alquiler y que aclare si se ha tenido en cuenta para el nuevo catamarán que se ha encargado por 2,1 millones de euros, “un 46 por ciento más caro que los anteriores”, las deficiencias de los catamaranes en servicio.

También preguntará el PP sobre los plazos para la puesta en marcha de la conexión marítima con el Río San Pedro, en Puerto Real.

Por su parte, el Consorcio respondió a las denuncias del PP señalando que el coste de la avería no recae en los municipios ya que tal “y como establece el canon es la empresa adjudicataria Trapsa quien debe abonar este canon”. También apuntan que el Consorcio no es el titular de los catamaranes ya que “cuando se licitó la construcción el Consorcio carecía de competencias financieras y administrativas”. El cuarto catamarán es el primero que sí ha sido licitado por el Consorcio.

Sobre las averías el Consorcio informó que están “siendo evaluadas en estos momentos” y se valora realizar las reclamaciones “oportunas a la empresa responsable de su construcción”.

También aclaran que los costes del alquiler del buque Ulises 2 los abona directamente la Junta y “no repercutirán en los municipios consorciados”.
 
Pacto por el empleo

Por otra parte, Loaiza, anunció que remitirá sendos escritos al secretario provincial del PSOE y presidente de Diputación, Francisco González Cabaña, y al vicesecretario general del PSOE-A, Luis Pizarro, para ponerse “a su disposición” para trabajar por el desarrollo de la provincia. Loaiza  aseguró que el PP está “dispuesto a apoyar todas las políticas que contribuyan a sacar a la provincia del estado en el que se encuentra”.

En su escrito  el PP reclamará la creación de “la mesa por la Industria de la Provincia” y en su escrito a Pizarro solicitarán la constitución en el Parlamento andaluz de “la mesa institucional por la provincia de Cádiz”, con presencia de todos los  representantes de cada partido de la provincia en la Cámara andaluza.

El dirigente popular quiere que dichas mesas sean el impulso de nuevos equipamientos  y suelo industrial, la puesta en marcha de “verdaderos planes industriales de competitividad en sectores emergentes o tradicionales” y reiteró la petición de “incentivos fiscales para zonas especiales logísticas” y un “impulso urgente” para las infraestructuras pendientes.