La plantilla de Parques y Jardines se plantea retomar las movilizaciones y echarse de nuevo a la calle, como ya hizo en octubre, ante la avalancha de “expedientes disciplinarios inquisitoriales” que denuncian estar sufriendo por parte de la dirección de Valoriza, la concesionaria encargada de este servicio en San Fernando.
Desde el comité de empresa alertan de que la concesionaria pretende “cobrarse” las penalizaciones impuestas por el Gobierno local por los incumplimientos del pliego a costa de los trabajadores, como vienen detectando en los últimos meses. “Nos están metiendo de tres a cinco sanciones de empleo y sueldo por semana por idioteces como rozar un coche”, advierte Alberto Garcés Gómez, del comité de empresa.
Garcés también alerta del “acoso laboral” que acusa la plantilla de forma “continua” con unas sanciones disciplinarias que están siendo impugnadas y demandadas en los Juzgados de lo Social. Ante esta situación, como señalan desde UGT, los trabajadores recogiendo firmas para actuar colectiva y judicialmente contra la dirección de la empresa.
Desde el sindicato inisten en que tomarán las acciones judiciales pertinentes para frenar el acoso laboral, pero solicitan “encarecidamente” a la alcaldesa de San Fernando “que actúe e intervenga en esta situación insostenible expulsando a Valoriza Servicios Medioambientales S.A. del Ayuntamiento”.
Le piden también que “tramite con urgencia” un nuevo pliego para que la futura licitación “proteja a los trabajadores y trabajadoras de estas situaciones que redundan negativamente en el servicio que se le presta a la ciudadanía de San Fernando”.
"Si esto continúa así, tendremos que hacer movimientos”, señala Garcés, que tiene claro que aunque el Ayuntamiento “se haya posicionado a nuestro favor”, tiene que dar un paso más para que la concesionaria “se vaya por donde ha venido”.
Penalidades impuestas por incumplimientos muy graves
Hay que recordar que a finales de noviembre tras muchas advertencias del Gobierno municipal, la Junta de Gobierno Local aprobaba imposición de penalidades a la concesionaria por incumplimiento de contrato. En concreto, proponía una penalidad de 9.000 euros contra Valoriza por tres incumplimientos muy graves y otros dos graves.
Entre dichos incumplimientos observados por parte del Gobierno local se encontraba el mal estado de la Alameda Moreno de Guerra y el problema de sus aspersores o la pérdida de ejemplares en la calle Faustino Ruiz.
Además, el Ejecutivo local advertía que la concesionaria no había ejecutado un total de 999,48 jornadas de las 9.419 que fueron ofertadas por la propia empresa cuando asumió el servicio, y en la última certificación había dejado sin justificar más de 151.000 euros.
