El juicio previsto para este lunes en la Audiencia de Sevilla contra los exalcaldes socialistas de Huévar del Aljarafe, Rafael Moreno y Áurea Borrego Moreno, ha sido suspendido y pospuesto hasta 2026. La causa, en la que la Fiscalía solicita 13 años de inhabilitación para cada uno por un presunto delito continuado de prevaricación en contrataciones municipales, ha quedado aplazada debido a la ausencia de una magistrada del tribunal y la sobrecarga de asuntos pendientes en la Sección Primera de la Audiencia.
Ambos exalcaldes han asistido a la citación, si bien la sesión ha sido suspendida al no poder acudir a la misma la magistrada del tribunal Pilar Llorente, quien de otro lado y en paralelo es la ponente en el tribunal "ampliado" de cinco magistrados conformado por esta misma sección de la Audiencia de Sevilla, para las nuevas sentencias requeridas por el Tribunal Constitucional (TC) con relación al "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y las ayudas arbitrarias a empresas.
Tras la suspensión del juicio, ha sido acordado fijar los días 6, 7 y 8 de 2026 como nueva fecha para la vista, dada la "abultada agenda" que maneja la Sección Primera de la Audiencia, situación a consecuencia de la culta no resultaba posible otra fecha más "cercana en el tiempo", según el tribunal.
Sin expediente alguno
En todos los casos, según la Fiscalía, "no se llegó a tramitar expediente alguno, incumpliendo los principios de concurrencia, igualdad, mérito y capacidad, no existiendo una bolsa de empleo municipal, no se hicieron una valoración de méritos de candidatos, no se realizó publicidad de las ofertas de empleo y ni siquiera se incoaron expedientes".
Petición de Condena
La Fiscalía califica los hechos como un presunto delito continuado de prevaricación, reclamando para cada uno de estos exalcaldes de Huévar del Aljarafe 13 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Sobre ambos exalcaldes, recordémoslo, pesa además la causa judicial derivada de la denuncia promovida por el PP, que gobierna actualmente la localidad, por un presunto delito electoral al ofrecer supuestamente contrataciones municipales de 2009 o 2015 a cambio del voto en los comicios municipales y presunto delito de malversación continuada, por un mitin celebrado en 2002 por el PSOE y costeado con dinero público.
