El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha pedido a España que le informe sobre la aplicación de la ley de amnistía a los líderes independentistas que el Supremo condenó por el 'procés', en el marco de la demanda que estos presentaron por vulneración de derechos en la causa.
En un escrito, avanzado por El Nacional y al que ha tenido acceso EFE, el Tribunal de Estrasburgo pide a todas las partes que le informen sobre las "consecuencias" que ha tenido la ley para los nueve condenados a penas de prisión por el 'procés', entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconseller Jordi Turull, que tienen pendientes condenas de inhabilitación por malversación.
El Tribunal Supremo, sin embargo, resolvió no amnistiar el delito de malversación, al concluir que los líderes independentistas obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial con el 'procés' y que los gastos del 1-O habían causado un perjuicio a las finanzas europeas.
El TEDH ha planteado esta nueva cuestión a las partes después de que Jordi Pina, abogado de Turull, le enviara un escrito para advertirle de que el Supremo no había aplicado la ley de amnistía a su cliente.
El Tribunal de Estrasburgo tiene ya en sus manos las alegaciones de las partes en relación con la demanda que los líderes del 'procés' presentaron contra España por vulneración de derechos en la causa, todavía pendiente de sentencia.
En su último informe de alegaciones, presentado el pasado mes de septiembre, la Abogacía del Estado, en representación del Reino de España, hacía constar que las penas de prisión de los líderes independentistas habían sido indultadas y que el pasado mes de junio entró en vigor la ley de amnistía para borrar los delitos vinculados al 'procés'.
La Abogacía defendió también en sus alegaciones que la sentencia del 'procés' fue "proporcional a la gravedad del delito" y rechazó que las condenas a los líderes independentistas catalanes obedeciesen a motivaciones de "índole político".
En su requerimiento, el TEDH recuerda a las partes su deber de informar de "cualquier desarrollo ulterior" relativo a las demandas que están en curso.
En sus demandas, los líderes del 'procés' sostienen que la sentencia por la que el Supremo les condenó por delitos de sedición y malversación vulneró varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En concreto, alegan que fueron condenados por sedición cuando se habían limitado a alentar las manifestaciones populares a favor de un referéndum y que su encarcelamiento fue desproporcionado teniendo en cuenta que estaban ejerciendo sus derechos legítimos a la libertad de reunión y expresión.
En su escrito de respuesta al TEDH, el abogado Jordi Pina sostiene que la ley de amnistía "no ha producido ningún efecto" sobre su cliente, por lo que continúa inhabilitado para ejercer cualquier cargo público hasta 2030.
Respecto al expresidente de la ANC Jordi Sánchez y el exconseller Josep Rull, quienes no fueron condenados por malversación, Pina recuerda que siguen contando con antecedentes por delitos de desórdenes públicos y desobediencia, dado que la aplicación de la amnistía a estos delitos está pendiente de lo que resuelva el Constitucional sobre la ley.
