Andalucía
Las nuevas cooperativas no requerirán del notario
El texto suprime su participación en la constitución de la sociedad
El anteproyecto de Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, que inició ayer su trámite de consulta antes de que llegue al Parlamento antes del verano, incluye la eliminación de la obligatoriedad de que un notario intervenga en la constitución de la cooperativa e incorpora figuras pioneras como la del socio a prueba o el fraccionamiento del pago de las aportaciones societarias.
La nueva norma, que podría estar aprobada a finales de este año, según el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, pretende reforzar la capacidad competitiva de las cooperativas andaluzas, un sector estratégico en la economía regional con 4.500 sociedad y unos 56.000 empleos.
La futura norma agiliza los trámites administrativos para crear sociedades, incorporar socios, crear puestos de trabajo, mejorar la flexibilidad interna y permitir una mayor libertad en la distribución de los beneficios. Asimismo, permitirá la creación de grupos empresariales cooperativos y aumentará las posibilidades de contratar por cuenta ajena.
El proyecto integra nuevos principios como la sostenibilidad o la responsabilidad social corporativa, todo ello con la idea de que las cooperativas andaluzas “se puedan desenvolver en una economía más globalizada y con más requerimientos”.
Así, Ávila precisó que se persigue “modernizar el sector”, dotarlo de una mayor “agilidad y flexibilidad” tanto en su funcionamiento interno como en su relación con la administración, y reforzar su competitividad.
La ley permitirá constituir una cooperativa sin necesidad de que intervenga un notario, facilitándose así los trámites registrales, además de rebajar de dos meses a uno el tiempo de respuesta de la Administración en este procedimiento. Además, las autorizaciones de la Dirección General de Economía Social se reducirán de cinco a una y disminuirá el número de documentos solicitados.
Para facilitar la incorporación de nuevos socios se introduce la figura, pionera en España, del socio a prueba, lo que permite un periodo en el cual la entidad podrá tantear la actitud del trabajador aspirante y éste familiarizarse con el funcionamiento interno de la sociedad antes de vincularse de forma estable. También se abre la posibilidad de que las aportaciones que deba realizar el nuevo miembro se puedan fraccionar o aplazar de común acuerdo.
El proyecto refuerza el perfil inversor de las cooperativas y suprime la actual exigencia de destinar un 15% de los beneficios al fondo de reserva cuando supongan la mitad del capital social.
Por su parte, se reduce al 25% la proporción de beneficios extracooperativos (procedentes de operaciones con terceros) para el fondo de reserva, frente al actual promedio del 90%.
Igualmente novedosa es la creación de la figura del grupo empresarial cooperativo, que permitirá formas de integración aún no ensayadas en Andalucía, tanto entre cooperativas como con otro tipo de entidades mercantiles.
Junto a estas novedades, se introduce también una equiparación a efectos fiscales de las denominadas cooperativas de integración y se incrementa la posibilidad de contratación por cuenta ajena en cooperativas de trabajo siempre que los empleados rechacen la posibilidad de ser socios.
La nueva norma, que podría estar aprobada a finales de este año, según el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, pretende reforzar la capacidad competitiva de las cooperativas andaluzas, un sector estratégico en la economía regional con 4.500 sociedad y unos 56.000 empleos.
La futura norma agiliza los trámites administrativos para crear sociedades, incorporar socios, crear puestos de trabajo, mejorar la flexibilidad interna y permitir una mayor libertad en la distribución de los beneficios. Asimismo, permitirá la creación de grupos empresariales cooperativos y aumentará las posibilidades de contratar por cuenta ajena.
El proyecto integra nuevos principios como la sostenibilidad o la responsabilidad social corporativa, todo ello con la idea de que las cooperativas andaluzas “se puedan desenvolver en una economía más globalizada y con más requerimientos”.
Así, Ávila precisó que se persigue “modernizar el sector”, dotarlo de una mayor “agilidad y flexibilidad” tanto en su funcionamiento interno como en su relación con la administración, y reforzar su competitividad.
La ley permitirá constituir una cooperativa sin necesidad de que intervenga un notario, facilitándose así los trámites registrales, además de rebajar de dos meses a uno el tiempo de respuesta de la Administración en este procedimiento. Además, las autorizaciones de la Dirección General de Economía Social se reducirán de cinco a una y disminuirá el número de documentos solicitados.
Para facilitar la incorporación de nuevos socios se introduce la figura, pionera en España, del socio a prueba, lo que permite un periodo en el cual la entidad podrá tantear la actitud del trabajador aspirante y éste familiarizarse con el funcionamiento interno de la sociedad antes de vincularse de forma estable. También se abre la posibilidad de que las aportaciones que deba realizar el nuevo miembro se puedan fraccionar o aplazar de común acuerdo.
El proyecto refuerza el perfil inversor de las cooperativas y suprime la actual exigencia de destinar un 15% de los beneficios al fondo de reserva cuando supongan la mitad del capital social.
Por su parte, se reduce al 25% la proporción de beneficios extracooperativos (procedentes de operaciones con terceros) para el fondo de reserva, frente al actual promedio del 90%.
Igualmente novedosa es la creación de la figura del grupo empresarial cooperativo, que permitirá formas de integración aún no ensayadas en Andalucía, tanto entre cooperativas como con otro tipo de entidades mercantiles.
Junto a estas novedades, se introduce también una equiparación a efectos fiscales de las denominadas cooperativas de integración y se incrementa la posibilidad de contratación por cuenta ajena en cooperativas de trabajo siempre que los empleados rechacen la posibilidad de ser socios.
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