Vox defenderá el jueves en la Comisión de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda del Parlamento una proposición no de ley en la que se plantea que los ayuntamientos bonifiquen al cien por cien el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios de viviendas que hayan sufrido ocupación ilegal.
En la iniciativa, concretamente se demanda que el Parlamento respalde que el Gobierno de la nación, como medida de apoyo a la propiedad privada, impulse las modificaciones legislativas necesarias en el Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para que se incluya en el "apartado de bonificaciones obligatorias que los ayuntamientos bonifiquen al cien por cien el impuesto sobre bienes inmuebles a aquellos sujetos obligados al pago afectados por ocupación ilegal durante el periodo que dure la misma".
Según expone Vox en la iniciativa, hay que seguir avanzando para reforzar la protección a propietarios, ya que es intolerable "que se proteja más al delincuente que a la víctima de la ocupación". "La ley debe dar una respuesta eficaz a este problema, porque no puede ser que los okupas estén más protegidos que el legítimo propietario", apunta.
A juicio de este partido, es necesario luchar contra la lacra de la ocupación ilegal desde todos los ámbitos de la administración, también desde el local, y por ello "los distintos municipios y corporaciones locales de Andalucía deben poner en marcha las medidas necesarias para aliviar a los propietarios de inmuebles ocupados".
Para Vox, una de estas medidas debiera ser "la reducción del impuesto sobre bienes inmuebles de los propietarios con inmuebles ocupados, ya que son estos propietarios los que tienen que seguir pagando los impuestos del mismo inmueble del que son privados".
"Los perjuicios para el propietario se agravan notablemente al tener que hacer frente a los costes de los suministros que consumen a su costa sus 'inquilinos' forzosos y los actos vandálicos que padecen en sus inmuebles, que recuperan destrozados", según Vox, que apunta que no son "infrecuentes los actos de extorsión de los okupas, que exigen una cantidad para abandonar las viviendas o incluso las organizaciones criminales que ofrecen a terceros las viviendas previamente usurpadas".
