No es la primera vez que escribo sobre este tema. La primera vez, hablando de la dependencia en general. La segunda, lo hice abordando el tema de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio de San Fernando. Hoy, en aras de la dignidad de nuestros mayores, permítanme que les hable sobre las residencias de ancianos. Hoy les garantizo que ser breve no es una promesa que pueda hacerles.
La vida digna en general y, concretamente, la de nuestros mayores, no deben ser una cuestión ajena a las administraciones. Tampoco debe ser un negocio, ni depender de la renta que la persona pueda tener (pregunten en Madrid en 2020). No deben olvidarse ustedes que los pensionistas han sido el sostén económico del país durante aquello que llamaron “crisis financiera” allá por el 2008. Ahora, cuando la necesidad de cuidados es mayor por la edad y el deterioro que conlleva, las administraciones se siguen lavando las manos y dejando a aquellos héroes de la precariedad en la estacada.
Resulta que las residencias, al menos en su mayoría, son privadas. Cada plaza tiene un coste inasumible para una familia media. De media, podemos estar hablando de entre 1.600 y 1.800 euros al mes. No hace falta ser economista para entender que hay familias enteras que no ganan tanto. Cuando llega el momento en que el simple hecho de ir a trabajar supone descuidar a tus padres o abuelos, tu dignidad y la de ellos depende de tu renta. ¿Querían libre mercado? Ahí lo tienen. Tan libre como para comerciar con la vida y la dignidad de quienes han sacado adelante a este puñetero país unas cuantas veces.
Aquí entra la Administración: existen ayudas para pagar la plaza en la residencia en cuestión, condicionadas al grado de dependencia de cada paciente, a los recursos disponibles y hasta a la línea ideológica de quien tiene que administrar los dineros: como ya les dije otras veces, todos los caminos llevan a Roma y Roma es la dichosa política. La lentitud con que se tramitan las ayudas no es casual, es como lo de ir aumentando la edad de jubilación: la receta económica neoliberal es que te mueras antes de que tus derechos les cueste ese dinero que les diste durante tu vida laboral. Pasa con las pensiones porque se bebieron el Fondo destinado para ellas en caso de contingencia y pasa con la Ley de Dependencia. Y no nos olvidemos de la sanidad, que aquí en
Andalucía faltan 8.000 sanitarios de una legislatura a otra. Es el mercado, amigos; y somos la mercancía.
Una vez superada la odisea y las zancadillas para conseguir plaza en la residencia (y superada la lista de espera, que aunque sean residencias privadas no son la panacea), lidia con la calidad del servicio que brinden: en el caso de mi madre, hemos tenido mucha suerte y la única pega es que unas cuantas personas más harían falta para redondear el buen trabajo que hacen. Pero hay otros centros donde habría que meter mucha mano. La madre de una amiga mía ingresó hace poco con deshidratación, escaras en la espalda, una infección y lo que mejor me callo. En la misma sala de espera donde estaba mi amiga, una chica recibió la noticia de que su padre había fallecido. También venía de un centro de mayores. Y, más allá de la correspondiente denuncia y lo que el juez determine, no pasará nada: la Administración seguirá teniendo conciertos con estos centros en lugar de asumir el servicio y garantizar, como es su deber, los debidos cuidados a nuestros mayores. Manda muchos cojones que, para tener a nuestros mayores bien cuidados, tengamos que mirar reseñas en Google como quien va a comer una paella un domingo.
Lo dije en el caso de la ayuda a domicilio y lo digo ahora, variando sólo que ahora la Administración es el gobierno autonómico: dejen de una vez de escurrir el bulto. Si no se controla el buen funcionamiento de estos centros, asuman la tutela del servicio. Si no quieren asumir dicha tutela, no se presenten a unas elecciones. La Administración ha de ser garantes del bienestar de la población y eso incluye a los ancianos. Y si quieren libre mercado, monten una empresa. Un respeto (y dignidad) a las canas.
