Una delegación integrada por Ecologistas en Acción e IU comparecerá el miércoles ante la Comisión Europea para explicar la situación actual en el área bajo vigilancia radiológica de más de 40 hectáreas en la pedanía de Palomares, en el municipio de Cuevas del Almanzora (Almería), y denunciar la inacción del Estado para ejecutar el Plan de Rehabilitación para la zona que se aprobó en 2010 para la limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada con plutonio y americio.
La comparecencia se realizará ante la Comisión de Peticiones y se produce después de que la propia CE, que avaló el citado plan, haya anunciado que cursará visita a la zona a lo largo de 2019 en misión de verificación para comprobar 'in situ' si se han puesto en práctica las recomendaciones que efectuó para una adecuada gestión de esta zona contaminada.
En rueda de prensa, el abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, que ha impulsado un proceso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para obligar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a fijar un plazo para limpiar la radioactividad de Palomares, ha desgranado los hitos de este problema desde que cayeron en 1966 cuatro bombas termonucléares de bombarderos estadounidenses sobre el término municipal y ha alertado de las "concesiones" realizadas por el Gobierno del España a EEUU para facilitar la retirada del material contaminado.
Así, y tras criticar que sobre los documentos de Palomares pese la ley de secretos oficiales que impiden el acceso a los mismo, ha afirmado que, durante años, los residentes en la zona han sido "utilizados como cobayas" para estudiar los efectos de la radioactividad y que el "interés" se ha centrado en la investigación de sus efectos sobre la fauna, la flora y el medio ambiente y "no en la retirada del material radioactivo enterrado a 20 centímetros bajo tierra y en dos fosas de 1.000 y de 3.000 metros cúbicos".
"No se ha puesto ningún remedio y solo cuando llegó el ansía constructiva de la burbuja inmobiliaria, el ayuntamiento catalogó los suelos como urbanizables y se empezaron los desmontes que removían al aire la radioactividad, se autorizó en 2003 la expropiación de terrenos y el vallado de 40 hectáreas tras la realización de una exhaustivo mapa", ha relatado.
En esta línea, Domínguez ha alertado que el acuerdo firmado entre España y EEUU en 2015, conocido como el acuerdo Kerry-Margallo, "oculta que quieren dejar la mitad del Plutonio en Palomares" y que se ha reducido de 50.000 a 28.000 metros cúbicos la tierra contaminada a limpiar y, por tanto, a trasladar hasta suelo norteamericano. "Eso no se puede hacer así porque no resuelve el problema", ha lamentado para añadir que en 2010 lo que se aprobó y validó en la Comisión Europea fue "no dejar ninguna zona sin restricciones de uso".
ALMACENAMIENTO PROVISIONAL
La solución por la que aboga Ecologistas en Acción y que respaldan en un reciente informe elevado al Congreso de los Diputados los técnicos del CSN es la limpieza y "almacenamiento provisional" de la tierra contaminada hasta su traslado a EEUU ya que este paso "está incluido en los 31 millones de euros en los que se presupuestó la actuación completa".
"Vamos a decirle a la Comisión Europea que, con la modificación de los criterios radiológicos para reducir el volumen de tierra a limpiar, les están tomando el pelo y que el plutonio no puede seguir estando al aire libre, que se tiene que embidonar porque no se puede seguir con la política del avestruz sin afrontar el problema", ha concluido.
Por su parte, la diputada nacional de IU, Eva García Sempere, ha trasladado que la situación en Palomares trasciende la "salud pública y la ecología" y entra de lleno en "un problema de democracia" ya que "ni PSOE ni PP han sido capaces de resolverlo, ni han aceptado preguntas parlamentarias o si las han aceptado, ha sido con respuestas lamentables".
Ha criticado que el caso de Palomares esté "sujeto a la ley de secretos oficiales" de 1968, incluso en plan de rehabilitación aprobado en 2010, y se ha marcado como "prioridad" acompañar "esta gran batalla con la de la derogación" de la citada ley.
"Hay que empezar a levantar alfombras, Palomares no puede ser moneda de cambio en nada", ha dicho para lamentar que hayan tenido que recurrir a Europa para buscar una solución. "No cejaremos porque es una cuestión de democracia básica saber qué está pasando y qué hay detrás".
García Sempere ha abogado, asimismo, por "poner al día" la ley de residuos radioactivos, aquejada actualmente de "un vacío enorme". "Hay que acabar con tantos años de oscurantismo porque, si tuvo sentido en algún momento, ahora mismo no tiene ninguno".
INFORME DE ESPAÑA A LA COMISIÓN EUROPEA
El Gobierno español informó en junio de 2018 a la Comisión Europea de que se habían "puesto en marcha las recomendaciones sobre el vallado de la zona" que formuló entonces el equipo de verificación y "confirmó" que, hasta que no se adopte "el plan de rehabilitación definitivo" para Palomares, el programa de seguimiento radiológico medioambiental, que incluye la toma de datos en suelos, sedimentos, agua, aerosoles, la vegetación y productos de origen animal, "no será modificado".
"A partir de entonces se decidirá sobre las modificaciones que se deban introducir en el actual programa de seguimiento radiológico ambiental", recogía la Comisión Europea que le han comunicado las autoridades españoles, que añaden que "cuando concluyan las operaciones de rehabilitación, llevaran a cabo un estudio medioambiental definitivo en el lugar" en el que se produjo el accidente entre bombarderos estadounidenses y caída de las bombas termonucleares en 1966.
La Comisión Europea también se pronunciaba sobre la polémica entorno a si el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) modificó en 2015 los criterios radiológicos que se establecieron para la limpieza de la zona en el plan de descontaminación que se aprobó en 2010 para supuestamente facilitar la firma de la declaración de intenciones con EEUU ya que este cambio suponía un menor volumen de tierra a limpiar y menos residuos que almacenar.
Así, apuntaba que, también en junio de 2018, España comunicó que no habían celebrado "aún" el acuerdo vinculante sobre el plan de rehabilitación anunciado en la declaración de intenciones de 2015 y que, por tanto, no había plan "definitivo" si bien precisó que en la citada declaración de intenciones se hacía constar que los niveles de Americio-241 aún existentes en Palomares "deberán ser inferiores a 1Bq/g en las zonas 2 y 3 del área bajo vigilancia radiológica e inferiores a 4Bq/g en la zona 6, entiéndolos sobre la base de un nivel de intervención fijado en 1 mSv anual".
Cabe recordar que la Audiencia Nacional (AN) ha solicitado que se le aporten pruebas respecto al traslado en 2016 al área bajo vigilancia radiológica de Palomares de casi 1.500 kilos de material radioactivo que permanecen almacenados en contenedores para comprobar la veracidad de tales hechos y "aclarar" el origen de esos materiales radioactivos. Esto se ha hecho el marco del procedimiento contencioso-administrativo que se sigue a instancias de Ecologistas en Acción para impulsar la ejecución del plan de rehabilitación de la zona que se aprobó en 2010.
