El abogado del exinterventor municipal de El Ejido (Almería) José Alemán ha asegurado en la vista celebrada este viernes por su despido que, a la vista de la prueba practicada, el informe en el que se basó la apertura de expediente disciplinario por falta "muy grave" parece "inventado o directamente falso" en lo que ha tildado de "fullería para cargarse a un señor que hacía perfectamente su labor".
El letrado ha indicado ante la titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería que existe en el caso "una quiebra flagrante del principio de acusación" por parte del Ayuntamiento de El Ejido, ya que, a su juicio, "ésta se sustenta en hechos probados que dan por buenos datos inventados", lo que, según ha señalado, "no es suficiente para un castigo tan grueso como es el de expulsar a un funcionario de la carrera pública".
La sanción a Alemán se materializó en febrero de 2012 por decreto del alcalde, Francisco Góngora (PP), después de que quedase acreditado en un expediente interno que contabilizó "a sabiendas de que eran inexistentes" y "en aplicación de criterios de contabilidad agresiva con vulneración de los principios de prudencia contable y devengo", casi 43 millones de euros como derechos de cobro pendientes de pago en los presupuestos de la corporación local ejidense correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008.
Para su abogado, cuyas palabras han estado respaldadas en todo momento gestualmente por Alemán, quien ha acudido a sala con su esposa, Isabel Carrasco, también imputada en el caso 'Poniente' por una presunta trama de corrupción empresarial y política, se pretende que su patrocinado sea "chivo expiatorio" de una "cuestión" que "no deriva de su supuesta falta de diligencia sino del estallido de la burbuja inmobilaria".
En esta línea, ha considerado que ha quedado acreditado a través de las testificales del jefe de contabilidad y de la jefa de gestión presupuestaria del Ayuntamiento ejidense, que "los compromisos de gasto incluidos" en las cuentas municipales de 2008 y 2009 tenían un "respaldo documental" en el convenio urbanístico firmado por 122 millones de euros para la Ensenada de San Miguel, "único contabilizado como efectivo en la liquidación y con hitos procedimentales que permitían razonablemente suponer que se iban a cobrar soportando la previsión de gasto que pedía el alcalde", entonces el también imputado Juan Enciso (PAL).
"Se inventan convenios que no están ni firmados, ninguno contabilizado, que el interventor actual no sabe ni decirnos donde están porque no están aportados a la causa, por lo que creo que algunos son inventados", ha señalado para cuestionar la competencia del citado interventor, "maestro" y que, "en nueve días, hizo el informe que dio lugar al expediente". "Claro, se lo dieron en bandeja para buscar un chivo expiatorio", ha apuntillado.
Tras esto, el letrado de José Alemán ha pedido que se anule la resolución de separación definitiva del servicio por no ser el alcalde la persona competente para decidirlo al ser "funcionario nacional" y por estar basada "en hechos inventados o falsos directamente". "Hemos demostrado que mi cliente ha hecho exactamente y legalmente lo que se le pidió; buscar sustento documental a la previsión de gasto político", ha concluido solicitando que se condene a costas al Ayuntamiento.
"NO EXISTE CONTUBERNIO"
Por su parte, el abogado del Consistorio ha negado el "contubernio" insinuado por la parte demandante, a la que ha emplazado a denunciar por vía penal "si cree que es así", y ha remarcado que, por contra, los hechos recogidos en el citado expediente disciplinario "demuestran que no es de esa manera". Al tiempo, ha defendido la competencia del Alcaldía para tomar la decisión dado que cuando fue sancionado Alemán ostentaba la plaza de "jefe de servicio del área de comercio".
El letrado municipal ha aportado a la causa una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que se desestiman las pretensiones del exinterventor y ha alegado ante la juez que es "prueba suficiente para subsumir los hechos como acreditados y como cosa juzgada". Ha acusado a la otra parte de "intentar confundir" ya que, según ha dicho, es "es reconocido el perjuicio causado al Ayuntamiento" según informes de la Cámara de Cuentas y el procedimiento que se sigue ante el Tribunal de Cuentas, por lo que "no existe arbitrariedad ni maniobra orquestada para echarle".
"No es una cuestión formal porque el perjuicio es mas que evidente ya que la contabilización de ingresos permite hacer gastos incurriendo en deudas y esa práctica hizo que el Ayuntamiento tenga a día de hoy una deuda de más de 100 millones de euros engordando de forma artificial el techo de gasto", ha argumentado.
Al hilo de esto, ha reivindicado que el expediente disciplinaria a Alemán no es sino una "mera aplicación rigurosa de la legalidad ante un incumplimiento reiterado de sus funciones, que mantiene de forma pertinaz" y ha hecho alusión para negar que se haya creado "una ficción" en torno a su gestión como interventor municipal que "su esposa sigue trabajando en el Ayuntamiento" y que el informe ahora calificado de "inventado y falso, no fue impugnado en ningún momento en la tramitación de la sanción".
El juicio celebrado este viernes es la "penúltima oportunidad" de Alemán para conseguir su reincorporación al Consistorio después de que se hayan dictado resoluciones en contra de sus intereses en hasta ocho ocasiones, tanto en primera instancia como ante el Alto Tribunal andaluz ya que recurrió el despido por vía ordinaria y por vía especial de protección de derechos fundamentales, y además pidió la adopción de medidas cautelares.
LA ÚLTIMA SENTENCIA, LA SEMANA PASADA
La última resolución, del TSJA y consultada por Europa Press, se dictó de hecho la pasada semana y en ella se desestima su recurso contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-número 1, que se encargó del caso por vía especial, además de condenarle a costas. El juicio que se celebra este viernes es por vía ordinaria.
La citada sentencia concluye, entre otros aspectos, que lo que sancionó administrativamente "es una conducta distinta a la que se persigue penalmente", razón por la cual, según remarca, "ha de tratarse de cuestiones distintas cuya sanción no es incompatible. El Ayuntamiento ha actuado de forma correcta sin que se haya vulnerado el principio de 'non bis in idem'".
Subraya, en esta línea, que la decisión sancionadora municipal contó "con pruebas de cargo constituidas sustancialmente" por los propios informes emitidos por el recurrente, en los que reconoce "el empleo de técnicas contables agresivas", así como el informe de la intervención de julio de 2011 "que explica las reglas de valoración y contabilización que deben observarse con la obligación de cesión del 10 por ciento de aprovechamiento urbanístico".
"Asimismo --añade-- está el informe del Jefe del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de El Ejido en el que se expone la situación de los sectores respecto de los cuales se había reflejado el derecho de crédito a favor del municipio, amén de la propia prueba documental contable relativa a los presupuestos de la corporación local ejidense de los años 2007 y 2008".
