El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, ha incidido en que el coste de la demolición del hotel Azata del Sol en el paraje natural del Algarrobico, en Carboneras (Almería) --recientemente cifrado en un informe de la empresa Tragsa en 7,17 millones de euros-- no debe recaer sobre "las espaldas de los contribuyentes".
En declaraciones a los periodistas, Planas ha aludido al elemento "fundamental" de "determinar las responsabilidades", explicando al respecto que "no puede ser que el que ha infringido las normas se beneficie de esa infracción" y refiriéndose a la pretensión del Gobierno central y la Junta de que el ciudadano de a pie "no sea el pagano de esta historia".
"Si una empresa privada ha construido en determinadas circunstancias, y alguien más puede ser corresponsable y ello aparece en sentencia, eso hay que tenerlo claro", ha abundado el titular autonómico de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que se ha referido al pronunciamiento judicial sobre la licencia como "un momento importante" y ha señalado que, en cualquier caso, "la voluntad política del Ministerio y la Junta está clara en este sentido".
Tras recordar que el informe de Tragsa establece en 3,9 millones el montante de la demolición propiamente dicha y en 1,5 millones la restauración medioambiental, dado el "importante" volumen de residuos a tratar, el consejero ha considerado un "paso adelante desde el punto de vista técnico" la recepción de este análisis, un "mapa de ruta" encargado a la espera de que se dilucide por parte del estamento judicial quién debe efectuar y pagar la demolición.
Este análisis permitirá a las administraciones estatal y regional actuar "con conocimiento de causa, cuando sea oportuno desde el punto de vista jurídico y podamos tener la certidumbre de que se puede proceder a la demolición", ha agregado.
Para Planas, el derribo de esta "sinrazón ambiental y de ordenación urbanística" debe acometerse "lo antes posible", si bien los plazos no están aún fijados al depender de pronunciamientos judiciales. Asimismo, ha aludido a la necesidad de una "estricta seguridad jurídica" para que no se deriven nuevas demandas.
