La Fiscalía de Almería va a solicitar tres años de prisión para dos empresarios a los que responsabiliza del accidente laboral que sufrió un empleado en enero de 2018 cuando desarrollaba su labor en Santa María del Águila, en El Ejido (Almería), después de que le explotara un depósito de combustible que contenía fuel y gases inflamables en su interior cuando lo cortaba con una amoladora, lo que le ocasionó lesiones muy graves.
En su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, el fiscal acusa a los dos responsables y a la empresa constructora, como responsable civil subsidiaria, de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso ideal con un delito de lesiones por imprudencia grave por la violación de varias normas de prevención de riesgos laborales, sentido en el que también exige el pago de 566.557 euros en indemnizaciones, daños y secuelas. También pide la inhabilitación de ambos durante el tiempo que dure la condena para administrar empresas semejantes a la representaban en el momento del accidente.
La víctima, que acumulaba unos cinco meses de contrato en el momento del accidente, ejercía su trabajo como oficial de segunda de oficio en la empresa, donde además de controlar operaciones de planta o los compuestos para fabricar mezclas asfálticas, también efectuaba pequeños trabajos de mantenimiento y reparación, entre otras labores.
Fue así cuando sobre las 11,00 horas del 26 de enero de 2018 el hombre acudió a cortar con una radial la parte superior de un depósito de hierro que era utilizado para almacenar combustible y con capacidad para 2.287 litros de fuel oil.
En el momento del accidente, el silo contenía en su interior 158 litros de fuel oil así como vapores de dicho combustible, por lo que al contacto con las chispas de la amoladora se produjo una fuerte explosión en la que el trabajador resultó gravemente herido, de modo que necesitó cuatro intervenciones quirúrgicas y 700 días de recuperación para sanar de sus heridas, de las que le han quedado importantes secuelas.
La acusación fiscal sostiene que el trabajador no había recibido la obligatoria formación en materia de prevención de riesgos laborales, no le habían hecho entrega de documentación de seguridad Fuel Oil Residual de 20 de octubre de 2016, ni le informaron del contenido de la misma.
Asimismo, cree que los responsables no habían realizado las inspecciones periódicas al depósito de combustible al tiempo que tampoco habían rotulado el pósito con las preceptivas señales de peligro, por lo que el trabajador "desconocía las medidas de precaución que debía de adoptar al efectuar el corte del depósito con la máquina amoladora".
De otro lado, sí reconoce que el trabajador "hacía uso de botas de seguridad, mono de trabajo, chaleco reflectante y guantes de tela y plástico", toda vez que aúna que la "fuerte deflagración" podría haber afectado a otros trabajadores de la empresa que se encontraban en las inmediaciones.
El empleado, que pasó 28 días en estado muy grave y otros 41 en estado grave, sufrió importantes lesiones en la cara, cabeza y cuerpo, con afección en algunos de sus sentidos y daños en el sistema nervioso, que le han ocasionado una pérdida de calidad de vida "muy grave", de modo que se le ha reconocido una incapacidad permanente absoluta para desempeñar cualquier trabajo.
