Almería es uno de los principales puntos de entrada de pateras a España. Cada año, son miles los inmigrantes que llegan a la provincia de manera irregular bajo custodia policial y ello a pesar de que la Policía Nacional no dispone de agentes suficientes para hacer frente a este fenómeno, lo que “merma” la seguridad ciudadana de esta tierra.
Así lo afirma en una entrevista con Efe el coordinador nacional de pateras del sindicato policial Jupol en Almería, Héctor Gómez, quien asegura que el principal problema es la falta de personal. “Almería cuenta con un catálogo de puestos de trabajo muy obsoleto, de finales de los 80, y (…) se ha multiplicado por dos la población y prácticamente por dos el terreno urbanizado”, apostilla.
Y es que este portavoz sindical mantiene que la plantilla está “bajo mínimos”. “Si además sumamos cuando llega una avalancha de pateras, se ve muy comprometida la seguridad ciudadana en Almería porque prácticamente todos los efectivos disponibles en Seguridad Ciudadana y otras brigadas están aquí (en el centro de acogida temporal de extranjeros, CATE) para realizar diferentes gestiones”.
“Son muchas horas, estamos hasta 24 horas seguidas haciendo trámites aquí”, apunta. Y es que, según datos ofrecidos por la Comisaría Provincial de Almería, en 2019 hubo 6.472 personas que pasaron por estas instalaciones del puerto de la capital almeriense, siendo 6.519 dos años más tarde.
Con datos de mediados de abril, Gómez apunta que son ya 80 pateras y 800 los inmigrantes llegados al litoral almeriense este año. “Llevamos bastantes semanas sin pateras pero los datos comienzan a parecerse a los de años anteriores”, explica.
Por ello, insiste en que es necesario ampliar el catálogo de la Policía Nacional ya que, además del fenómeno migratorio, “Almería tiene muchas incidencias de seguridad ciudadana, tiene un puerto, aeropuerto y la Oficina de Extranjería, que también genera su trabajo”. “Se ha pedido muchas veces a Madrid y estamos esperando”, lamenta.
Desde Jupol también consideran que es preciso un “protocolo en condiciones” para la atención de pateras. “Tenemos uno de la Jefatura Superior (…) muy pequeño, muy básico. Cruz Roja tiene el suyo. El Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) tiene el suyo. Pero realmente hace falta uno unificado que especifique las funciones de cada uno”, resalta.
Mantiene Gómez que este protocolo también debe tratar la cuestión de la seguridad ciudadana y de las custodias pues “vienen familias con niños y hay que separar a las familias por un lado, a los menores por otro, etc., hasta que se hagan las labores de identificación”. “Muchas veces vienen mujeres con bebés y este no es un sitio para tenerlas más allá de las horas justas para hacer los trámites”, sostiene.
“Como no tenemos personal y nos vemos desbordados, hay que hacer los trámites cuando se puede. Reunificaciones familiares, separar a menores o por nacionalidades… El trabajo no es solo de Seguridad Ciudadana sino también de la Brigada de Extranjería o de la Policía Científica, que tiene que venir y reseñar a más de cien personas en una mañana. Eso merma mucho el resto de las funciones de estas brigadas”, recalca.
Gómez explica que los primeros en atender a los migrantes son los voluntarios de la Cruz Roja, que realizan la prueba de antígenos, les dan ropa y comprueban si tienen alguna patología previa. Luego el Frontex lee los “derechos como detenidos” a los inmigrantes y comienzan las labores de búsqueda de pateristas o personas vinculadas a las mafias que trafican con personas.
Una labor en la que también participa en ocasiones la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales. (UCRIF Central) de Madrid. A continuación, son agentes de Seguridad Ciudadana como él mismo los que los custodian y realizan los diferentes traslados cuando es necesario. “Hay que mover a mucha gente. Cuando hay 100 o 150 personas, hace falta más de ocho policías para hacerlo con seguridad”.
Si no se detecta ningún delito, se dicta una orden de expulsión para los migrantes y quedan en libertad y a disposición de las ONG. Todo lo anterior tiene que hacerse en un plazo máximo de 72 horas.
Sobre la capacidad del CATE apunta que nunca se ha informado de ella de forma oficial al Cuerpo, pero que la referencia por “entrevistas” es que puede acoger a unas 220 personas. “Eso se dice pero se sobrepasan los límites reales (…) Ha habido veces también en las que se ha superado ese número. Se intenta hacer siempre los trámites lo antes posible para no superar el aforo y que no haya gente hacinada”, afirma.
Algo que obliga a finalizar en 12 horas, si es preciso, trámites que pueden suponer casi dos días, provocando una situación de “estrés a los policías”. Algo que se suma a la “merma” en la atención que reciben los ciudadanos, concluye el sindicalista policial.