La Fiscalía Provincial de Almería ha solicitado ocho años de internamiento en un centro psiquiátrico para el trabajador del laboratorio Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería que el 1 de septiembre de 2020 agredió con un cuchillo de nueve centímetros a un responsable del centro sanitario al que acudió a pesar de encontrarse en cuarentena por covid-19 solo para atacarle.
Durante la vista oral celebrada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería la Fiscalía ha elevado a definitiva su petición por un delito de homicidio en grado de tentativa aunque exento de responsabilidad penal al considerar inimputable al investigado debido a que se ha acreditado un trastorno psicótico que ya estaba diagnosticado y por el que, en el momento de los hechos, se encontraba fuera de tratamiento.
Según sostiene la acusación pública, el hombre acudió sobre el mediodía al hospital armado con un cuchillo de cocina que traía de su vivienda, a casi 53 kilómetros de la capital, con el que accedió al despacho en el que se encontraba la víctima, a la que atacó sin mediar palabra con la intención de clavarle el arma en el tórax.
No obstante, y debido a la acción defensiva de la víctima, que quedó tumbada en el suelo, hizo que el acusado desviara su ataque y clavara el cuchillo en el hombro del perjudicado, de modo que la hoja se partió y el arma quedó tendida en el suelo.
El acusado, que se ha acogido a su derecho a no declarar y únicamente ha pedido "disculpas por el daño" hecho al final de la sesión, abandonó su actitud una vez que fue requerido por varios compañeros del perjudicado, quienes aunque en un primer momento trataron de mediar, evitaron el contacto con el acusado al saber que estaba contagiado de covid-19 y no llevaba mascarilla, según han relatado los mismos testigos en la vista oral, quienes han declarado tras una mampara.
La Fiscalía ha incidido en las condiciones en las que se produjo la agresión para calificar los hechos de homicidio en tentativa al considerar que las puñaladas iban dirigidas a acabar con la vida de la víctima, quien ha detallado que una hora antes del suceso había mantenido un contacto telefónico con el agresor, el cual le "amenazó de muerte".
"Estaba en mi despacho, en el ordenador haciendo estadísticas y entró de forma súbita, cuando levanté la mirada estaba encima con el cuchillo apuntándome al pecho", ha asegurado el afectado, quien ha afirmado que el ataque fue "absolutamente violento" y que llegó a temer por su vida, de modo que aunque pudo repelerlo en un primer momento, no pudo evitar ser derribado y tener que zafarse de su agresor dándole un mordisco en la mano. "Me puso el cuchillo en la boca y ahí pensaba que había muerto", ha recordado.
Los testigos que han declarado ante el tribunal presidido por el magistrado Luis Columna también han incidido en la virulencia del ataque, durante el cual el acusado habría repetido insistentemente "¿lo tienes claro ya?", según han asegurado.
SEGUIMIENTO MÉDICO "ESTRECHO" Durante la sesión se ha dado cuenta por parte de la prueba pericial del trastorno psicótico ligado al pensamiento que padece el investigado de carácter "crónico" por el que, desde 2001, ha permanecido en tratamiento médico, de forma que únicamente en dos ocasiones --incluido este capítulo-- se han producido incidentes, lo que además ha coincidido con el abandono de la terapia.
En este sentido, e interpelado por las partes al respecto, el forense ha apuntado que este tipo de patologías precisan de un tratamiento y seguimiento médico "estrecho", ya que se trata de pacientes que precisan "un control" lo más cercano posible para asegurar su estabilidad puesto que, incluso, en ocasiones los pacientes no son conscientes de su propio trastorno.
"Si se garantiza el control muy estrecho ese paciente puede llevar vida normal", ha estimado el forense durante su intervención. El investigado permanece en prisión provisional desde su detención por estos hechos, de modo que durante el periodo en que ha estado privado de libertad ha recibido tratamiento psiquiátrico, según ha señalado su letrado, el abogado Francisco Ferre, quien ha solicitado para él una medida de libertad vigilada por un delito de lesiones agravadas que le permita seguir bajo cuidado médico pero sin necesidad de permanecer interno.
Durante el juicio también ha sido parte la acusación particular ejercida por el SAS, que ha solicitado 20 años de prisión sustituibles por el ingreso en un centro psiquiátrico para el acusado bajo los delitos de asesinato en tentativa, lesiones agravadas y un delito de atentado que ha sido desestimado por la Fiscalía al entender que los hechos no están incardinados con la función de responsable sanitario de la víctima. El juicio ha quedado visto para sentencia.
